Santa Cruz de la Sierra vive una de las primeras sacudidas administrativas de la nueva gestión municipal. Este lunes, el alcalde Manuel “Mamén” Saavedra ordenó la intervención física de las oficinas del sistema de Recaudaciones, ubicadas en la Quinta Municipal, denunciando un presunto esquema de desvío de recursos que, según estimaciones preliminares, habría ocasionado pérdidas de entre Bs 400 y 600 millones por año para el municipio. 

La intervención incluyó el retiro de entre 30 y 40 funcionarios, quienes fueron derivados a Recursos Humanos mientras avanzan las investigaciones internas y el proceso de “blindaje” del sistema tributario municipal. Guardias municipales resguardaron las instalaciones y se suspendió temporalmente la atención presencial al público, aunque la Alcaldía aseguró que los servicios digitales continuarán funcionando. 

“Durante muchos años desde esta oficina se robó plata a nuestra ciudad”, declaró Saavedra al momento de ejecutar el operativo, afirmando que los recursos desviados debieron destinarse a salud, educación e infraestructura urbana. El alcalde sostuvo además que expertos en investigación de crímenes financieros ya trabajan junto al equipo técnico municipal para detectar responsabilidades y evitar nuevas vulneraciones al sistema. 

La medida no aparece aislada. Desde antes de asumir oficialmente el cargo, Saavedra venía denunciando presuntas irregularidades dentro de la administración municipal, especialmente relacionadas con manipulación informática en el sistema tributario y rebajas irregulares en pagos de impuestos municipales. En diciembre de 2025, cuando aún era concejal, confirmó que una denuncia presentada ante el Ministerio Público por presunta manipulación del sistema había sido admitida. 

En paralelo, la nueva administración municipal anunció un plan de reducción del aparato burocrático, con la meta de disminuir aproximadamente 2.000 funcionarios durante el primer año de gestión. Según Saavedra, esta medida permitiría ahorrar entre Bs 110 y 140 millones anuales, recursos que —asegura— serán redirigidos a servicios básicos y obras públicas. 

El alcalde también vinculó la intervención con una política de “corrupción cero” y cuestionó la presencia histórica de tramitadores alrededor de oficinas municipales. “Todo lo que ingresa a este municipio va a ser invertido en obras y servicios”, afirmó. 

La denuncia abre ahora un nuevo frente político y judicial dentro de la Alcaldía cruceña. Aunque todavía no existen imputaciones formales ni responsables identificados públicamente, el caso podría convertirse en una de las mayores investigaciones sobre manejo de recursos municipales en Santa Cruz en los últimos años.

Mientras tanto, el municipio mantiene bajo resguardo el sistema de Recaudaciones y prevé reabrir progresivamente la atención presencial una vez concluido el proceso técnico de seguridad y verificación interna.