La actual diputada por Creemos y candidata a diputada plurinominal por Alianza Libre, María René Álvarez, adelantó que si la fórmula Tuto Quiroga-Juan Pablo Velasco sale ganadora en las próximas elecciones, desde el primer día de gobierno se ingresará un “paquete de leyes” para iniciar la reforma del país, sobre todo en lo que concierne a la distribución de tierras y la producción en el campo.

“Ya tenemos un trabajo avanzado con el paquete de leyes que vamos a ingresar desde el día número uno para hacer la reforma, que tienen que ver con esta mala práctica de la distribución de tierras; con el cuidado de los recursos hídricos, fundamental para nuestra región; una nueva ley de aguas; tiene que ver con este aspecto de liberación, por supuesto, en todo sentido para el centro productor como es Santa Cruz y para todo el país”, dijo el miércoles en una entrevista con EL DEBER.

Según la representante de la chiquitania, el conjunto de normativas impulsará el desarrollo de las regiones y no como un modelo centralista de gobierno, como el que impuso el MAS durante los últimos 20 años en el país, “totalmente decadente”, que ha llevado a la actual crisis social, política y económica que vive Bolivia.

“Me parece que hay gente que está bastante informada en este momento, gente que comprende cuál es la situación. El pueblo, el ciudadano comprende la importancia de las elecciones presidenciales que vienen en este momento”, agregó Álvarez.

Al mismo tiempo, señaló que se deben realizar reformas “desde cero”, adecuar leyes, para beneficio de las regiones. “Y la propuesta más relevante que tiene la Alianza Libre, en este sentido con las regiones, es la descentralización, por la cual venimos luchando años. Se viene una lucha por la autonomía, pero una autonomía que finalmente no funcionó por este aparato centralizador, ultracentralizador, diría yo, que optó como mecanismo de gobierno durante los últimos 20 años”.

También afirmó que en esa agenda descentralizadora se pasará de un 90%, de un gobierno centralizador, a distribuirlo de la manera adecuada, hasta “que quede el 38% para el gobierno central y, obviamente, lo que corresponde para las distintas regiones”.

“Lamentablemente hemos pasado, durante estos últimos 20 años, un episodio nefasto, con tintes dictatoriales sin lugar a dudas, pero que el ciudadano le ha puesto el frente y siempre en mira de tener un país donde se respeten las garantías constitucionales, un Estado derecho y las libertades que son una garantía mínima para vivir en una sociedad”, concluyó.