EL País/Paula Andrea Ramírez Barbosa

Hay una llamada que resume este tiempo. No viene de una cárcel, ni de una frontera, ni de un cuarto oscuro donde alguien vigila un mapa. Viene de un número cualquiera. Una madre contesta y escucha la voz de su hijo. La voz se quiebra. Respira como él. Suplica como él. Dice que lo tienen retenido, que no avise a nadie, que pague ya.

El hijo quizá está en clase, en el trabajo o dormido al otro lado de la ciudad. La voz puede haber sido generada a partir de unos segundos de audio extraídos de un video familiar, de una nota de WhatsApp o de una publicación en redes sociales. La víctima no está oyendo a su hijo. Está oyendo una tecnología que aprendió a imitar su voz.

Conviene no mirar esta escena como una simple estafa telefónica. Es algo más hondo. Es una nueva forma de un miedo antiguo. América lo sabe mejor que nadie, porque el continente lleva décadas conviviendo con organizaciones que no sólo trafican droga, armas o personas, sino que también administran silencios, cobran obediencias, regulan barrios, capturan rutas, deciden quién trabaja, quién denuncia y quién desaparece.

Ahí está el verdadero problema. Las herramientas de IA no llegan a una tierra impoluta, sino a un continente donde la violencia organizada ya había aprendido a moverse por las grietas del Estado: puertos vigilados a medias, policías mal pagados, fiscalías saturadas, comunidades migrantes separadas por fronteras, jóvenes sin futuro y economías informales que funcionan porque la legalidad no alcanza para todos. En ese horizonte, la tecnología no sustituye al crimen. Lo vuelve más rápido, más barato y más difícil de ubicar.

Durante años imaginamos al crimen organizado a partir de su presencia física: el hombre armado en la esquina, la caravana en la carretera, el puerto tomado por intermediarios, el barrio donde se sabe quién manda. Esa geografía no desapareció. Pero ahora se superpone a otra, menos visible y quizá más inquietante: bases de datos filtradas, voces sintéticas, perfiles robados, bots, cuentas desechables, billeteras digitales, servidores cifrados y mensajes escritos para tocar exactamente el nervio que paraliza a una víctima.

El territorio sigue importando. La diferencia es que ahora también se disputa la percepción. Un grupo criminal puede no estar en todas partes y, sin embargo, convencer a miles de personas de que sí lo está. Puede no tener secuestrado a un hijo, pero hacer que una madre actúe como si lo tuviera. Puede no incendiar una ciudad entera, pero sí llenar las pantallas de imágenes de fuego hasta que el miedo haga el resto.

Esa es la máquina del miedo: no necesita producir toda la violencia que anuncia. Le basta con producir una parte y multiplicar digitalmente la sensación de amenaza.

El caso de los cárteles mexicanos permite ver con crudeza esta mutación. Informes recientes de cooperación eurolatinoamericana han descrito cómo estructuras como el Cártel Jalisco Nueva Generación y el Cártel de Sinaloa han incorporado tecnologías emergentes a tareas de extorsión, propaganda, vigilancia, fraude y movimiento de dinero. No se trata de delincuentes improvisando con una aplicación de moda. Se trata de organizaciones con capacidad logística, financiera y territorial que empiezan a utilizar la IA como una capa más en sus operaciones.

En el viejo esquema, intimidar exigía cercanía: estar frente a la víctima, seguirla, conocer su negocio, enviar a alguien. En el nuevo, una parte de esa intimidación puede automatizarse. Un mensaje menciona el nombre de un hijo. Una llamada reproduce la voz de un familiar. Un video falso simula una golpiza. Una cuenta anónima difunde rumores de ataques. Una transferencia sale antes de que la razón alcance al pánico.

Esto importa en América porque la región no solo está conectada por rutas criminales, sino también por vínculos familiares. Millones de personas viven con sus afectos repartidos entre países: madres en Centroamérica con hijos en Estados Unidos, venezolanos enviando remesas desde Chile, colombianos con familiares en España, mexicanos en California pendientes de sus padres en Jalisco, ecuatorianos sosteniendo hogares desde el exterior. La distancia, que ya era un golpe, ahora se convierte en una vulnerabilidad. Quien conoce esa red afectiva puede convertirla en una herramienta de presión.

Por eso la llamada falsa no es un detalle menor. Toca uno de los nervios centrales del continente: la familia, separada por la migración, la violencia o la economía. El crimen organizado entiende algo que las instituciones suelen olvidar: la gente no vive en expedientes, sino en relaciones. Y son esas relaciones, no los sistemas, las que entran primero en pánico.

También hay una dimensión política. Cuando un rumor fabricado corre más rápido que la versión oficial, no sólo se engaña a una persona. Se erosiona la autoridad pública. Tras episodios de violencia en México, han circulado imágenes falsas o manipuladas que exageran el caos y presentan ciudades enteras como territorios perdidos. Aunque los hechos reales ya sean graves, la mentira añade otra capa: cierra comercios, paraliza familias, confunde a periodistas y obliga a las autoridades a desmentir, mientras la población ya tomó decisiones con miedo.

Un Estado no pierde el control únicamente cuando pierde una calle. También lo pierde cuando ya no consigue que la ciudadanía crea su propia descripción de lo que ocurre. La respuesta no puede limitarse a recomendar prudencia. Decirle a una madre que desconfíe de la voz de su hijo es fácil desde un escritorio; vivir ese segundo es otra cosa. La política pública debe partir de una idea más honesta: cualquiera puede ser vulnerable cuando la amenaza llega con una voz amada, un dato exacto y una urgencia fabricada.

América necesita una doctrina de seguridad que deje de separar con tanta facilidad el crimen físico del digital. La extorsión por IA no es menos real que la extorsión armada. El deepfake no es una travesura de internet si sirve para someter a una familia, manipular una elección local o aterrorizar a una comunidad. La desinformación criminal no es ruido: puede ser una forma de control territorial sin presencia física.

Eso exige bancos capaces de frenar transferencias bajo coacción, fiscalías que investiguen diseños digitales y no sólo autores materiales, policías entrenadas en evidencia tecnológica, plataformas que respondan ante campañas coordinadas, protocolos de verificación durante crisis y cooperación regional para seguir datos, dinero y servidores con la misma determinación con que antes se seguían cargamentos.

Pero también exige algo menos técnico y más difícil: reconstruir la confianza. Donde nadie cree en la policía, el rumor gana. Donde el periodismo local ha sido silenciado, la mentira gobierna. Donde las instituciones llegan tarde, la amenaza llega primero. Ningún software compensará por sí solo la ausencia de Estado, ni una aplicación resolverá lo que durante años se dejó pudrir en barrios, fronteras, puertos y cárceles.

La IA suele discutirse en América como una promesa de modernización: productividad, educación, salud e innovación. Todo eso importa. Pero para mucha gente el primer contacto decisivo con esta tecnología quizá no sea una herramienta útil, sino una voz falsa pidiendo rescate, un mensaje que sabe demasiado, una imagen que convierte una ciudad herida en una ciudad condenada.

El crimen organizado no abandonó las armas, los puertos ni las rutas de la droga. Añadió otra infraestructura: datos, algoritmos, voces sintéticas y mentiras capaces de cruzar fronteras sin pasaporte. El futuro del crimen en América no siempre tendrá el ruido de una balacera. A veces tendrá la intimidad de una llamada. Y tal vez por eso sea tan peligroso. Porque no toca la puerta. Entra por aquello que todavía amamos, por aquello que todavía creemos y por aquello que todavía tememos perder.