La abogada Nadia Beller difundió fotografías en las que, según afirmó, aparece Fernando Cerimedo junto a Donald Trump Jr., hijo del presidente de Estados Unidos, y Brad Parscale, quien fue jefe de campaña de Donald Trump. A partir de estas imágenes, cuestionó las restricciones impuestas al fiscal general del Estado de Bolivia, Róger Mariaca, y preguntó si estas medidas podrían estar relacionadas con una supuesta red política vinculada al movimiento MAGA.

Beller sostuvo que las fotografías adquieren relevancia en el contexto de las investigaciones que se desarrollan en Bolivia y de las recientes restricciones de ingreso a Estados Unidos que, según señaló, afectan a Mariaca. La abogada afirmó que existen audios y documentos que habría presentado ante la Fiscalía y que, desde su perspectiva, podrían relacionar a distintas personas con presuntas actividades irregulares que son objeto de investigación.

“¿Están persiguiendo al que investiga o están protegiendo a parte de la red?”, planteó Beller al referirse a la situación del fiscal general. También cuestionó que se atribuyan a Mariaca hechos relacionados con corrupción y narcotráfico sin que, según su versión, se hayan presentado públicamente pruebas o una denuncia formal que sustente esas acusaciones.

La abogada también mencionó los audios difundidos por el vicepresidente Edmand Lara, en los que este formula acusaciones contra Cerimedo relacionadas con presuntos delitos de narcotráfico. Asimismo, hizo referencia al exjefe de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn), William Cabrera, quien, según Beller, también figura entre las personas alcanzadas por restricciones estadounidenses.

En ese contexto, Beller cuestionó por qué las medidas no alcanzarían a otros actores que, según afirmó, aparecen mencionados en las investigaciones, entre ellos Cerimedo, Cabrera y Ernesto Justiniano. “¿Por qué no les retiraron a ellos las visas?”, preguntó.

La abogada sostuvo que el retiro o restricción de la visa de Mariaca podría generar presión sobre la Fiscalía mientras desarrolla investigaciones. A su criterio, cualquier medida contra el fiscal debería estar respaldada por pruebas y respetar el debido proceso.

Finalmente, Beller planteó que la situación podría tener consecuencias institucionales si las restricciones terminan afectando el desarrollo de las investigaciones. “¿Están persiguiendo al que investiga o están protegiendo a parte de la red?”, reiteró.