El fiscal general del Estado, Roger Mariaca, confirmó este lunes que el Ministerio Público admitió la denuncia presentada por el Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional contra el expresidente Evo Morales, por una serie de presuntos delitos cometidos durante los recientes bloqueos en distintas regiones del país.

“La denuncia fue formalizada el 5 de junio de 2025 e involucra al señor Evo Morales Ayma en varios hechos delictivos”, declaró Mariaca en conferencia de prensa, mencionando además a una persona de apellido Rodríguez como parte de la investigación.

Entre los delitos mencionados figuran “atentado contra la libertad de trabajo” e “instigación pública a delinquir”, junto a otros tipos penales que están siendo evaluados por una comisión de fiscales. El fiscal también informó que el proceso se encuentra en etapa inicial y que en breve se notificará formalmente a los implicados.

Desde el Gobierno central, el ministro de Justicia, César Siles, adelantó que la denuncia incluye además figuras como terrorismo, desacato a fallos judiciales —en referencia a la inhabilitación de Morales—, atentados contra servicios públicos, seguridad en el transporte y obstrucción de procesos electorales.

Mariaca cuestionó duramente los bloqueos, que —según dijo— atentan contra la vida y el sustento diario de los ciudadanos. Confirmó que actualmente existen más de 20 puntos de bloqueo en el país, con epicentros en los departamentos de Cochabamba, La Paz, Potosí, Oruro y Santa Cruz. Estas movilizaciones ya han derivado en varias aprehensiones y el inicio de procesos judiciales.

Situación de los fiscales en el trópico de Cochabamba

Ante la concentración de protestas en el trópico cochabambino, Mariaca informó que se ordenó el repliegue de fiscales destacados en esa zona hacia lugares considerados más seguros. No obstante, muchos de ellos han optado por continuar sus labores en medio del conflicto.

“Estamos coordinando con la Policía; toda persona arrestada o aprehendida es puesta a disposición del Ministerio Público, donde se resuelve su situación jurídica de manera objetiva”, aseguró Mariaca.

Hasta el momento, más de 20 personas han sido sometidas a audiencias cautelares. Algunas recibieron detención preventiva, mientras que otras fueron beneficiadas con medidas sustitutivas.

Finalmente, el fiscal general anunció que se mantendrá el trabajo conjunto con las fuerzas del orden para identificar y procesar tanto a autores materiales como intelectuales de actos que vulneren derechos fundamentales y el orden público.