El Ministerio de Relaciones Exteriores de Bolivia emitió un comunicado en el que denuncia ante la comunidad internacional que sectores afines a Evo Morales estarían impulsando acciones destinadas a desestabilizar al gobierno del presidente Luis Arce, con el objetivo de forzar un recorte de su mandato y viabilizar una candidatura que califican como “inconstitucional”.

“El Ministerio de Relaciones Exteriores del Estado Plurinacional de Bolivia denuncia ante la comunidad internacional las acciones desestabilizadoras promovidas por afines al señor Evo Morales, para acortar el mandato del presidente Luis Arce e imponer una candidatura inconstitucional”, señala el pronunciamiento oficial.

En el documento, la Cancillería también realiza un llamado a la comunidad internacional a “mantenerse atenta ante las acciones que atentan contra un gobierno democráticamente elegido” y a respaldar la estabilidad, la paz y el orden constitucional en el país.

Desde inicios de semana, sectores afines al evismo han protagonizado bloqueos de carreteras en Cochabamba y otras regiones, al tiempo que mantienen una presión constante sobre el Tribunal Supremo Electoral (TSE) y la plaza Murillo, epicentro del poder político nacional.

Paralelamente, diputados y dirigentes del ala radical del MAS han lanzado amenazas contra los vocales del TSE, exigiendo la habilitación de Morales como candidato, pese a que los plazos legales para ese trámite ya expiraron.

“Los bloqueos de caminos y cercos a las ciudades han retomado la consigna lanzada durante el año 2024 de exigir la renuncia del presidente Luis Arce Catacora y de todos los integrantes del Gobierno”, advirtió la Cancillería en su mensaje internacional.

En recientes declaraciones, Morales anticipó una “dura batalla” e instruyó a sus seguidores a hacer respetar sus demandas. En esa línea, exigen la dimisión no solo del presidente Arce, sino también de los vocales del TSE y los magistrados del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP).

El comunicado de la Cancillería recuerda que los órganos del Estado con competencia constitucional y electoral ya han expresado públicamente los fundamentos legales de la inhabilitación de Morales. “Bajo ninguna circunstancia debe vulnerarse la Constitución Política del Estado. Ningún actor político puede situarse por encima de la ley”, recalca el texto.

Finalmente, el Gobierno ratifica su compromiso con la democracia y con el desarrollo pacífico de las elecciones generales programadas para el 17 de agosto de este año, en las que la ciudadanía podrá elegir libremente a sus nuevas autoridades.