Por: José María Herbas Postigo / Investigador y Consultor en Agua y Medio Ambiente

Bolivia atraviesa una transformación económica profunda y silenciosa, donde la soberanía monetaria —aquel pilar histórico que otorgó certidumbre a las familias durante casi dos décadas— se desvanece de forma sistemática. Aunque los discursos oficiales eviten calificar el fenómeno de forma explícita, la lectura objetiva de las facturas de cobranza demuestra que el bolsillo de los hogares trabajadores ha comenzado a marchar al ritmo que impone la divisa norteamericana. Este escenario no constituye un evento aislado, sino la reactivación de fórmulas técnicas de indexación que en el pasado provocaron severas convulsiones sociales en el país.

Para dimensionar el alcance de esta metamorfosis no se requiere ser un especialista en finanzas; basta con contrastar la fría estadística oficial con la realidad de los mercados. Mientras el Instituto Nacional de Estadística (INE) proyecta una variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) con cifras moderadas o mesuradas, la percepción ciudadana experimenta un choque térmico contundente. En el comercio cotidiano, la pérdida del poder adquisitivo de la moneda nacional se percibe en aumentos reales de dos a tres dígitos en insumos importados, repuestos, medicamentos y productos de la canasta familiar básica, marcando una brecha abismal entre el índice formal y el precio real de mostrador.

En este contexto, la indexación tarifaria avanza mediante normativas específicas. En el sector eléctrico, disposiciones de flexibilización regulatoria contempladas en decretos como el D.S. 5704 y el D.S. 5750 han vinculado el cálculo del costo de generación y distribución de energía a variables operativas internacionales y a la cotización del dólar norteamericano. Aunque el usuario pague formalmente en bolivianos, el costo de cada kilovatio-hora (kWh) —que históricamente promediaba rangos de contención social entre 0,60 y 0,85 Bs/kWh según la categoría urbana— queda sujeto a una volatilidad técnica y fletes logísticos que el Estado ya no logra amortiguar por completo.

De igual forma, el suministro de agua potable sufre esta presión a través de un mecanismo de traslación indirecto pero constante: la inflación importada eleva los costos de producción y mantenimiento, acelerando automáticamente la Unidad de Fomento de Vivienda (UFV) fijada por el Banco Central de Bolivia (BCB), la cual supera hoy los Bs 3,35 por UFV. Al amparo de Decretos Supremos de ajuste continuo como el D.S. 5647, que facultan indexaciones y variaciones de hasta un 5% mensual en las estructuras tarifarias de los operadores de servicios, el derecho al agua potable se convierte en una variable económica atada al ritmo de la inflación.

Las lecciones de nuestra historia contemporánea

Esta subordinación de los servicios básicos a la dinámica cambiaria evoca episodios determinantes de la historia reciente en los que la sociedad civil organizada se movilizó para preservar su subsistencia:

• Cochabamba (Año 2000): La recordada Guerra del Agua no surgió de un debate teórico sobre la gestión pública, sino del rechazo a una fórmula matemática que indexaba automáticamente las tarifas del agua al dólar estadounidense y a la inflación externa. Cada variación del tipo de cambio convertía la factura en una cifra inasumible, gatillando un levantamiento social en defensa de un recurso vital.
• El Alto y La Paz (2005–2006): Pocos años después, las familias de los distritos periurbanos impulsaron la rescisión del contrato de concesión con la transnacional Aguas del Illimani. El factor desencadenante fue idéntico: esquemas tarifarios dolarizados que transformaban el derecho a la conexión domiciliaria en un lujo inaccesible para los sectores de menores ingresos.

El debate actual: ¿Hacia dónde se dirigen los subsidios y la red de contención social?

En la coyuntura presente, la falta de un plan de desarrollo estructural ha derivado en una administración económica fuertemente dependiente de decretos de urgencia. Medidas destinadas a resolver la iliquidez energética mediante la apertura a intermediarios privados —como las reglas adoptadas para la importación y comercialización de carburantes bajo el D.S. 5704— reflejan un cambio de modelo en el que la regulación estatal cede espacio a la lógica del mercado internacional. Analistas y organizaciones sociales observan con inquietud que la quita paulatina de los subsidios a los combustibles y la flexibilización de las tarifas de los servicios públicos respondan a condicionamientos de organismos multilaterales como el Fondo Monetario Internacional (FMI).

La principal incógnita técnica y política reside en la sostenibilidad financiera del modelo de protección social. Si la lógica del "sinceramiento" de costos avanza sin mecanismos de compensación, el riesgo se traslada directamente hacia la salud patrimonial de empresas estratégicas como ENTEL, entre otros. Históricamente, los excedentes de estas corporaciones públicas han financiado los bonos sociales (Bono Juancito Pinto, Bono Juana Azurduy y Renta Dignidad) que sostienen a millones de niños, madres y adultos mayores. Debilitar su función redistributiva bajo criterios estrictamente comerciales pondría en riesgo la red de contención social más importante del país.

Conclusión

El peso de las decisiones macroeconómicas no es una formulación teórica; recae cotidianamente sobre las familias trabajadoras que viven al día. Frente al descontento social ante ajustes no consensuados, apelar a la ampliación de estados de excepción o medidas de fuerza no resuelve las tensiones de fondo; por el contrario, restringe derechos fundamentales y profundiza la inestabilidad.

La verdadera certidumbre económica y social no se impone mediante decretos expedidos al calor de la emergencia; se edifica devolviendo la soberanía a la moneda nacional, transparentando los costos reales de los servicios y protegiendo el bolsillo de quienes con su esfuerzo diario sostienen el aparato productivo del país.