Luego de que el Gobierno promulgara el Decreto Supremo 5503, el cual establece nuevos precios para los combustibles, la Confederación de Choferes de Bolivia y el Magisterio Urbano otorgaron un plazo de 24 horas para la derogación de la medida. Caso contrario, advierten con medidas de presión.

“Estamos 24 horas al Gobierno central, al presidente Rodrigo Paz Pereira para que de una vez por todas abrogue este decreto. Caso contrario, estamos convocando a un ampliado nacional con la participación de todas las modalidades (…), para determinar las medidas que se van a llevar”, afirmó el dirigente transportistas Víctor Tarqui.

El Decreto Supremo 5503 establece que la gasolina incrementará de Bs 3,74 el litro a Bs 6,96; mientras que el litro de diésel pasará de Bs 3,72 a Bs 9,80. Por este motivo, la Confederación de Choferes considera que el sector transportistas es el más perjudicado.

Decreto

Desde el Magisterio Urbano explicaron que la medida tendrá un efecto cadena en todos los productos y servicios que se encarecerán de manera considerable en los próximos días, a raíz del incremento en el costo de los combustibles.

“La clase desposeída ya ha sufrido un embate producto de la inflación, que la gestión 2026 se va a convertir en una megainflación, en una estanflación a nivel nacional”, afirmó el ejecutivo nacional, Wilfredo Ajllahuanca.

En criterio de Tarqui, con la norma, el Gobierno busca “lavarse las manos” y generar enfrentamiento entre los transportistas y la población.

“Es una confrontación, el Gobierno central se está lavando las manos, quieren que nosotros nos enfrentemos con nuestra población”, criticó.

De acuerdo con el secretario de relaciones de la Confederación de Choferes de Bolivia, en el ampliado del sábado se definirán nuevas tarifas y se analizarán qué medidas de presión se adoptarán. Sin embargo, en algunos sindicatos ya se determinó el incremento de pasajes hasta Bs 6 en los trufis de la ciudad de La Paz.

Por su parte, el Gobierno justificó la decisión de levantar la subvención de combustible alegando que era insostenible y que causaba un gran costo para el Estado. Como contramedida, se anunció el incremento del salario mínimo y de otros bonos para estudiantes y personas de la tercera edad.