La muerte del joven conscripto Reynaldo Javier Charcas, de 19 años, en un cuartel del departamento de Pando ha generado indignación nacional y una serie de cuestionamientos sobre las circunstancias en las que ocurrió el hecho, mientras su familia denuncia presuntas irregularidades y exige una investigación transparente.

Charcas, oriundo de Oruro, realizaba su servicio militar en el Regimiento de Infantería 35 “Bruno Racua”, en Cobija, donde falleció el pasado 8 de marzo. Según la versión oficial del Ejército, el joven murió por “asfixia por sumersión” mientras realizaba labores de limpieza y lavado de ropa en un río cercano al puesto militar.

Sin embargo, esta explicación ha sido rechazada por la familia, que sostiene que existen elementos que hacen dudar de un accidente. Los familiares aseguran que el féretro fue entregado sellado y sin permitir una verificación inicial del cuerpo. Tras insistir, denunciaron que el cadáver presentaba la ausencia de órganos como los ojos y los riñones, lo que ha intensificado las sospechas sobre un posible hecho violento.

“Queremos justicia”, manifestaron entre lágrimas, cuestionando además que no se les haya proporcionado un informe claro de autopsia ni documentación oficial que respalde la versión del ahogamiento.

De acuerdo con testimonios de familiares, el joven no tenía problemas de salud y sabía nadar, por lo que consideran poco creíble la hipótesis de una muerte accidental. Asimismo, señalaron posibles conflictos dentro del cuartel e incluso denunciaron presuntos abusos, lo que deberá ser investigado por las autoridades competentes.

El caso ha provocado reacciones en el ámbito político. Legisladores de la Asamblea Legislativa Plurinacional han solicitado informes al Ministerio de Defensa y anunciaron fiscalización para esclarecer lo ocurrido. Paralelamente, el Ministerio Público ya inició una investigación para determinar responsabilidades.

Por su parte, el Ejército boliviano afirmó que se activaron los protocolos correspondientes y que la institución está colaborando con las investigaciones, aunque también rechazó versiones que, según indica, afectan su imagen institucional.

Mientras tanto, el caso continúa en etapa investigativa y ha reabierto el debate sobre las condiciones del servicio militar en Bolivia, especialmente en regiones alejadas como Pando. La familia de Reynaldo Charcas insiste en que no descansará hasta conocer la verdad y que se sancione a los responsables.