En un contexto de creciente incertidumbre económica y política, la Defensoría del Pueblo instó a las autoridades a implementar soluciones estructurales en lugar de medidas temporales que no resuelven los problemas de fondo.

A través de un pronunciamiento oficial, la institución advirtió que la escasez de gasolina, diésel y dólares ha tenido un impacto negativo en la economía del país durante los últimos meses, afectando a diversos sectores sociales, productivos, agrícolas y empresariales.

“Expresamos nuestra profunda preocupación por la crítica situación que atraviesa el país, la cual demanda soluciones de fondo y no simplemente respuestas paliativas”, señala el documento.

La Defensoría destacó la urgencia de brindar certidumbre a la población, que se ve cada vez más perjudicada por las consecuencias de la crisis de combustible, tales como el aumento del costo de la canasta básica, la escasez de medicamentos, las dificultades en la asistencia escolar y el riesgo de paralización de ambulancias y maquinaria pesada.

Ante esta realidad, la institución exhortó al Estado a agotar todas las instancias posibles para establecer un diálogo inclusivo con los sectores que han anunciado protestas, atendiendo sus demandas de manera efectiva. Al mismo tiempo, pidió a los movilizados ejercer su derecho a la protesta de manera pacífica y con respeto a los derechos de los demás ciudadanos.

“Es imprescindible que todos los órganos del Estado asuman con responsabilidad su rol constitucional, trabajando en beneficio del país y promoviendo soluciones que eviten una mayor polarización y fortalezcan la institucionalidad, actualmente en situación de fragilidad”, subraya el comunicado.

Asimismo, la Defensoría del Pueblo reafirmó su compromiso de monitorear de cerca la evolución del conflicto, facilitando espacios de diálogo para atender las demandas de los sectores más afectados por la crisis.

Finalmente, anunció que lleva adelante un plan de verificaciones y otras acciones para supervisar el cumplimiento de los compromisos asumidos recientemente por el Gobierno, exigiendo su implementación efectiva con el fin de garantizar la protección de los derechos humanos de toda la población sin excepciones.