El Investigador José María Herbas Postigo advierte que el ente regulador desconoce roles de fiscalización al no exigir balances hídricos actualizados frente al fenómeno de El Niño y otorga plazos dilatorios de 90 días a EPSAS, dejando a la población en total indefensión.

LA PAZ. La sede de Gobierno y la ciudad de El Alto enfrentan un escenario crítico debido a las anomalías térmicas y al retraso en las precipitaciones de recarga derivadas del fenómeno de El Niño. En este contexto de vulnerabilidad climática, el investigador y consultor en agua y medio ambiente, José María Herbas Postigo, denunció formalmente a la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Agua Potable y Saneamiento Básico (AAPS) por negligencia institucional, omisión de fiscalización e intento de ocultamiento de información técnica indispensable para prevenir racionamientos en la provisión del servicio.

La denuncia fue radicada formalmente ante la Defensoría del Pueblo y la Unidad de Transparencia e Integridad Institucional del Ministerio de Producción Sostenible, Medio Ambiente y Agua, con copia de conocimiento a la Alcaldía de La Paz. La acción legal y defensorial se sustenta en un proceso de control social iniciado hace más de tres meses por el especialista, quien agotó todas las instancias administrativas sin obtener respuestas técnicas concretas que garanticen la continuidad del suministro de agua.

Una cadena de respuestas evasivas y dilatorias

De acuerdo con los antecedentes presentados por Herbas Postigo, la primera solicitud formal de información fue remitida a la AAPS el 21 de agosto de 2026. En dicho requerimiento se solicitó la línea de base técnica del operador EPSAS S.A., incluyendo la modelación de oferta y demanda hídrica para el periodo 2026-2027, las curvas de agotamiento de los embalses, el estado situacional de la batería de pozos de emergencia, el cálculo de caudales ecológicos y la certificación técnica sobre la disponibilidad de agua que sustentó las recientes expansiones comerciales del área de servicio a municipios vecinos.

La primera respuesta del Ente Regulador, firmada por su Directora Ejecutiva, Ing. Liesel Ramírez Gegner (CITE: AAPS/DER/CE/1133/2026), reveló la inacción estatal: la AAPS declaró explícitamente que "no dispone de la información" relativa a los balances hídricos y derivó la consulta a la propia empresa intervenida, EPSAS S.A.

Ante esta situación, Herbas Postigo notificó el 24 de septiembre un ultimátum formal exigiendo el cumplimiento de las labores de fiscalización y recordando que EPSAS opera bajo intervención directa de la AAPS. La respuesta posterior del Ente Regulador (CITE: AAPS/UFRCARH/CE/8/2026) confirmó una inaceptable inercia burocrática: la autoridad reveló que recién el 5 de octubre trasladó la consulta al operador y le otorgó a EPSAS un plazo de 90 días hábiles para la entrega del balance hídrico y el informe de pozos.

"Conceder más de cuatro meses calendario de plazo en pleno periodo de estiaje significa que la información técnica para prevenir la crisis llegará recién en 2027, cuando los impactos de El Niño ya habrán provocado daños irreversibles en la población. Esta concesión no es más que una maniobra dilatoria para ocultar que el operador no cuenta con los instrumentos técnicos exigidos por ley", afirmó el investigador José María Herbas Postigo.

Alerta en el Sistema Pampahasi y la Zona Sur

El reporte técnico elaborado por Herbas Postigo expone la extrema gravedad que atraviesa el Sistema Pampahasi, encargado de abastecer de agua potable a más de 350.000 habitantes en la Zona Sur de La Paz (incluyendo Obrajes, Calacoto, Achumani, Irpavi y Chasquipampa), además de zonas pobladas de Palca y Mecapaca.

Los datos consolidados revelan descensos acelerados en la cuenca de Hampaturi por efecto de las elevadas temperaturas. La represa de Ajuankhota opera con apenas un 15% de su capacidad útil, mientras que Hampaturi Bajo se sitúa en un 30%. Al restar el "volumen muerto" —sedimento inmovilizable que supera los 374.000 metros cúbicos aproximadamente en la represa—, también una inspección In situ puso en evidencia fugas importantes de agua en el frontis de la nueva represa Alto Hampaturi, el margen real de agua disponible para potabilizar se reduce drásticamente, sin que la AAPS haya auditado el estado operativo de los pozos de contingencia o la seguridad física de la aducción provisional en Callapa.

Acciones legales por Incumplimiento de Deberes

El informe de fiscalización ciudadana reveló además que EPSAS S.A. opera sin un Plan de Desarrollo Quinquenal (PDQ 2025-2029) aprobado, acumulando un rezago de inversiones de más de 426 millones de Bolivianos y pérdidas aproximadas del 30% de agua en redes y tuberías antiguas. Asimismo, la AAPS admitió que "no emite certificación técnica" para autorizar ampliaciones de servicio, lo que evidencia que se autorizan nuevos clientes comerciales sin comprobar la existencia de agua en las fuentes de cabecera.

Ante esta vulneración a la Constitución Política del Estado (Arts. 20 y 24) y a la Ley N.º 2066 de Servicios de Agua Potable, la denuncia interpuesta por José María Herbas Postigo solicita a la Defensoría del Pueblo la anulación inmediata del plazo de 90 días, exigiendo a la AAPS la entrega del balance hídrico en un plazo improrrogable de 10 días, e insta a la Unidad de Transparencia a iniciar investigaciones penales por la presunta comisión del delito de Incumplimiento de Deberes (Art. 154 del Código Penal) contra las autoridades responsables.