La Cámara de Diputados sancionó este miércoles, por más de dos tercios de voto, la abrogación de la Ley 1720 de conversión de tierras, aunque introdujo algunas modificaciones al texto original aprobado previamente en el Senado. La norma fue remitida al Órgano Ejecutivo para su promulgación, en medio de un clima de tensión social y presión de organizaciones campesinas e indígenas que exigían su eliminación definitiva.

La sesión legislativa estuvo marcada por un amplio debate entre oficialismo y oposición, así como por posiciones encontradas respecto al impacto de la ley en la seguridad jurídica de la tierra y en el modelo productivo del país. Finalmente, la mayoría parlamentaria respaldó la abrogación argumentando que la normativa generaba preocupación en comunidades rurales por una posible afectación a territorios campesinos e indígenas.

Durante las últimas semanas, distintas organizaciones sociales protagonizaron marchas, cabildos y anuncios de bloqueos en varios departamentos del país, especialmente en La Paz, Pando y Beni. Los sectores movilizados sostenían que la Ley 1720 podía abrir paso a procesos de concentración de tierras y favorecer a grandes actores agroindustriales, debilitando el control comunitario sobre territorios productivos.

La presión social se intensificó luego de reuniones entre dirigentes campesinos y autoridades nacionales, en las que se planteó la necesidad de revisar la norma para evitar mayores conflictos. Algunos representantes del sector rural advirtieron incluso con radicalizar las medidas de presión si la Asamblea Legislativa no avanzaba con la abrogación.

Desde el Legislativo, parlamentarios que apoyaron la medida afirmaron que la decisión busca “garantizar la tranquilidad de las comunidades” y evitar interpretaciones que puedan afectar la propiedad colectiva o la vocación productiva de determinadas regiones. Sin embargo, sectores opositores y algunos analistas expresaron preocupación por las consecuencias económicas y jurídicas de dejar sin efecto la normativa.

El senador Branko Marinkovic, por ejemplo, calificó la decisión como “inaceptable” y señaló que podría generar incertidumbre para inversiones vinculadas al sector agropecuario. Otros legisladores señalaron que el debate sobre el acceso, distribución y uso de la tierra continuará siendo uno de los temas más sensibles dentro de la agenda política nacional.

Con la sanción en Diputados, el proyecto queda ahora en manos del Ejecutivo, que deberá definir su promulgación oficial en los próximos días. Mientras tanto, organizaciones sociales se mantienen en estado de vigilancia para verificar el cumplimiento de los compromisos asumidos por las autoridades.