La explosión registrada en inmediaciones del Regimiento Militar Bolívar, en Viacha, habría afectado a unas 3.600 viviendas en un radio aproximado de 1,5 kilómetros, de acuerdo con una evaluación preliminar difundida por el defensor del Pueblo, Pedro Callisaya.

Callisaya explicó que los inmuebles presentan daños de distinta magnitud. Mientras algunas viviendas podrían ser reparadas, otras, especialmente las ubicadas en las zonas más cercanas al cuartel, tendrían que ser demolidas debido a la gravedad de las afectaciones.

“Son aproximadamente 3.600 las afectadas, todo con diferentes magnitudes. La primera manzana donde están ubicados los inmuebles cerca del cuartel realmente están afectados; en muchos casos seguramente va a procederse a la demolición”, señaló.

El defensor aclaró que la cifra corresponde a información proporcionada por la Alcaldía y que todavía debe realizarse una evaluación técnica de cada inmueble. Ese diagnóstico permitirá establecer el nivel de los daños y determinar las acciones que correspondan para la reparación de las viviendas o un eventual resarcimiento a las familias damnificadas.

La emergencia también mantiene la atención sobre las personas heridas, los desaparecidos y las familias que quedaron sin condiciones adecuadas para pasar la noche y que requieren alimentación y asistencia inmediata.

El viceministro de Vivienda, Joshua Bellott, informó que la Agencia Estatal de Vivienda cuenta con un programa destinado a atender emergencias, aunque reconoció que sus actuales disposiciones están orientadas principalmente a contingencias climáticas y no contemplan de manera clara una tragedia de las características de la ocurrida en Viacha.

“La Agencia Estatal de Vivienda sí tiene un programa que corresponde a casos de emergencia. Lamentablemente, nadie podía adivinar que se dé una tremenda calamidad como la que hemos visto en Viacha”, sostuvo.

Bellott señaló que se analizarán las alternativas administrativas para determinar si la Agencia Estatal de Vivienda puede intervenir en este caso. También planteó la necesidad de revisar las normas para establecer mecanismos que permitan responder con mayor rapidez ante emergencias de otra naturaleza.

Mientras se realizan las evaluaciones técnicas, las familias afectadas aguardan definiciones sobre la atención que recibirán y sobre las medidas que asumirá el Estado frente a los daños ocasionados por la explosión.