Una comisión de extrabajadores de la extinta empresa Servicios de Aeropuertos Bolivianos (Sabsa) llegó a La Paz para entregar a la Policía una orden de aprehensión emitida por un juzgado de Yapacaní contra el ministro de Obras Públicas, Edgar Montaño, en el marco de un proceso laboral. Sin embargo, aseguran que la orden no fue recibida, lo que califican como un acto de “proteccionismo”.

“Se negaron a recibir el mandamiento. Hay un claro proteccionismo hacia Montaño”, denunció el abogado de los trabajadores, José Antonio Mozza. La medida fue emitida por el Juzgado Público Civil y Comercial de Partido de Trabajo y Seguridad Social de Yapacaní, en el departamento de Santa Cruz.

Uno de los extrabajadores, Alfredo Chávez, confirmó a la red UNITEL que las autoridades policiales no aceptaron la orden judicial. “Somos más de 300 afectados y la deuda con nosotros supera los 55 millones de bolivianos”, afirmó.

Según Mozza, el conflicto se arrastra desde hace 14 años, cuando se ejecutó la nacionalización de Sabsa. En ese entonces, el Estado boliviano indemnizó a la empresa española Abertis con 23 millones de dólares, pero los extrabajadores quedaron sin recibir el pago correspondiente por beneficios sociales y otros derechos laborales.

La comisión espera una respuesta oficial del Comando General de la Policía sobre el motivo por el cual no se dio curso a la orden de aprehensión.