La fiscal departamental de Tarija, Sandra Gutiérrez, reafirmó este lunes que continúan vigentes todas las medidas judiciales en el proceso contra el expresidente Evo Morales, incluyendo la imputación formal, la declaratoria de rebeldía y el mandamiento de aprehensión. El caso, en el que se investiga a Morales por el presunto delito de trata de personas, permanecerá en la jurisdicción tarijeña, subrayó.

Las declaraciones de Gutiérrez se dieron en el mismo día en que la jueza de Santa Cruz, Lilian Moreno, fue aprehendida por presunta desobediencia a resoluciones constitucionales. Moreno había emitido una resolución que anulaba la orden de aprehensión contra Morales y trasladaba el caso a Cochabamba, decisión que fue posteriormente desestimada por el juez Franz Zabaleta en La Paz, quien ratificó la vigencia de todos los actos procesales anteriores. Esta contradicción fue observada por la defensa del exmandatario.

"Considero que la jueza Moreno ha incurrido en una extralimitación. ¿Qué criterio legal empleó para emitir esa resolución? Todo surgió a partir de una queja presentada por los abogados de Evo Morales", cuestionó Gutiérrez al referirse al polémico fallo judicial.

La fiscal enfatizó que la Fiscalía de Tarija no fue notificada oficialmente sobre la decisión de Moreno, ni tampoco el juez competente del caso, Nelson Rocabado. “No podemos acatar una resolución de la que no fuimos parte ni fuimos notificados. Desde el punto de vista jurídico, eso es inadmisible”, advirtió.

Gutiérrez también defendió la actuación del Ministerio Público en este proceso. “La Fiscalía ha procedido siempre conforme a la ley. No existe usurpación de funciones ni desobediencia, como se ha insinuado. El imputado ha participado en audiencias virtuales y ha presentado diversos incidentes procesales”, concluyó.