La Fiscalía Departamental de La Paz decidió reabrir la investigación penal contra Rafael Arce Mosqueira, hijo del presidente Luis Arce, por el presunto delito de enriquecimiento ilícito de particulares con afectación al Estado. La decisión fue confirmada por el diputado Héctor Arce Rodríguez, quien es el denunciante del caso.

A pesar de la reapertura, el diputado Arce expresó su preocupación y escepticismo, al advertir que esta podría ser una estrategia del Ministerio Público para cerrar el caso de forma definitiva. “No se puede procesar dos veces a una persona por el mismo hecho”, recordó, insinuando que una clausura posterior impediría cualquier intento futuro de reabrir el expediente.

El caso tiene su origen en una denuncia presentada el 18 de mayo de 2024, en la que Arce Rodríguez cuestionó la supuesta compra irregular del predio denominado Adán y Eva, ubicado en Santa Cruz, por parte de Rafael Arce. Según el legislador, quien forma parte del ala "evista" del MAS, los hijos del mandatario habrían recibido créditos millonarios del Banco Ganadero a una edad temprana —25 y 20 años— sin acreditar experiencia en el sector productivo. Además, la Autoridad de Bosques y Tierras (ABT) habría favorecido a la familia con un trámite acelerado.

Aunque la denuncia fue admitida por la Fiscalía el 20 de mayo, el caso fue archivado apenas 25 días después. No obstante, este año el diputado presentó nueva documentación que habría motivado la reapertura del proceso. El 24 de julio, el fiscal Hernán Kiffer notificó al juzgado correspondiente la decisión de reiniciar la investigación contra Rafael Arce y también contra el director de la ABT, Luis Roberto Flores. La Fiscalía ha solicitado una ampliación de 60 días para continuar con la etapa preliminar.

Entre los nuevos elementos señalados por el legislador, destaca un presunto fraude impositivo. Arce Rodríguez sostiene que el predio fue adquirido por 5,5 millones de dólares, aunque los documentos oficiales solo reflejan una transacción de 3,3 millones. También llamó la atención sobre un anticipo de 280 mil dólares —aproximadamente dos millones de bolivianos— realizado por Rafael Arce, a pesar de que sus ingresos como funcionario en seis años y medio no superarían los 700 mil bolivianos.

“Existen movimientos financieros inusuales que deben ser investigados con seriedad”, señaló el diputado, quien además expresó su desconfianza en el fiscal general Roger Mariaca, acusándolo de tener un supuesto pacto de “no agresión” con el Ejecutivo.

“No quisiera pensar que esta reapertura solo busca ganar tiempo en lo que queda del mandato de Lucho Arce, para luego cerrar el caso definitivamente. Si eso ocurre, ya no se podrá volver a investigar por el mismo delito. Esperemos que no sea así”, declaró Arce Rodríguez en una entrevista con la red ERBOL.