Este lunes, el Gobierno oficializó el incremento salarial para la gestión 2025, medida que ha sido rechazada por distintos sectores productivos, quienes advierten sobre el riesgo que representa para el empleo formal.

El presidente Luis Arce anunció que el salario mínimo nacional subirá un 10%, alcanzando los Bs 2.750. Además, se determinó que el haber básico tendrá un incremento de hasta el 5%, aplicable exclusivamente a los sectores de Educación, Salud, Policía y Fuerzas Armadas, según informó el ministro de Economía, Marcelo Montenegro. La autoridad explicó que esta decisión busca "proteger las finanzas públicas y preservar la estabilidad económica del país".

El anuncio fue realizado durante una conferencia de prensa en la que participaron representantes de la Central Obrera Boliviana (COB), con quienes el Gobierno se reunió momentos antes para definir los detalles.

Previo a este anuncio, la COB había presentado un pliego petitorio que solicitaba un aumento del 15% al salario mínimo nacional y del 20% al haber básico. Sin embargo, estas demandas fueron discutidas en mesas de concertación de las que finalmente no participó el sector privado, a pesar de sus reiterados pedidos de inclusión.

Ante la falta de acuerdo, la resolución final quedó en manos del presidente Arce.

Reacciones de los sectores productivos

Diversos sectores productivos manifestaron su preocupación y anticiparon consecuencias negativas por el incremento, advirtiendo que podría traducirse en mayor desempleo.

Entre ellos, la Cámara de la Construcción de Santa Cruz emitió un comunicado en el que expresó su imposibilidad de asumir cualquier porcentaje de aumento salarial. La organización señaló que el sector atraviesa una crisis sin precedentes, producto de múltiples factores que no solo persisten sino que se agravan, sin que se vislumbre una solución a corto plazo.

“Lamentablemente, un año más, no fuimos incluidos en las mesas de negociación sobre el incremento salarial. De aprobarse este ajuste, solo provocará despidos masivos, mayor informalidad laboral, incremento de la pobreza, más inflación y una mayor pérdida del poder adquisitivo de nuestra moneda”, advirtió la Cámara en su pronunciamiento.