El ministro de Economía, Marcelo Montenegro, expresó su preocupación tras el fallo de un juez en Colcha K, Potosí, que ordena la paralización temporal de los contratos firmados con empresas de China y Rusia para la industrialización del litio. La medida impide que los acuerdos sean tratados en la Asamblea Legislativa, lo que ha generado molestia en el Ejecutivo.

Montenegro lamentó que este tipo de decisiones afecten directamente al desarrollo de los departamentos involucrados. “Estas acciones retrasan el progreso de Oruro y Potosí”, aseguró este miércoles en conferencia de prensa.

El Ministro advirtió que, detrás del fallo, podría haber motivaciones políticas: “Está claro que el país es el principal perjudicado. Vemos una postura política en la que no se considera la importancia de que estas regiones puedan desarrollarse a partir de un recurso tan estratégico como el litio”.

La resolución judicial fue emitida el martes, cuando el juez determinó aplicar medidas cautelares que impiden a la Asamblea Legislativa tratar los contratos con la empresa china CBC y la rusa Uranium One. Además, se ordenó suspender cualquier obra relacionada, mientras se resuelve una Acción Popular interpuesta por una organización de comunarios.

Montenegro también responsabilizó parcialmente a la Asamblea por el estancamiento del proceso, señalando que no le dio la importancia debida a la aprobación de los contratos enviados por el Ejecutivo. “El Gobierno ya cumplió su parte: elaboró la normativa y remitió los contratos. Ahora es competencia de la Asamblea”, remarcó.

La Acción Popular exige la suspensión de los acuerdos hasta que se cumplan requisitos fundamentales para las comunidades y el medio ambiente en el Salar de Uyuni, entre ellos, la consulta previa, la elaboración de un estudio de impacto ambiental y una regulación específica para la explotación del litio.