En medio de la crisis política y social que atraviesa el país, autoridades bolivianas sostuvieron este jueves reuniones de coordinación con la DEA en Estados Unidos para fortalecer la lucha contra el crimen organizado y el narcotráfico internacional. El encuentro ocurre apenas días después de que el propio Gobierno denunciara públicamente que las movilizaciones y bloqueos registrados en Bolivia estarían siendo financiados por redes vinculadas al narcotráfico con fines de desestabilización política.

Prensa Voces Plus, La Paz, 28 de mayo de 2026.- El viceministro de Sustancias Controladas, Ernesto Justiniano, y el director de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn), Frans William Cabrera, participaron de reuniones con representantes de la Administración de Control de Drogas de Estados Unidos (DEA) para coordinar acciones de inteligencia y cooperación internacional.

“El tema central ha sido Sebastián Marset y la institución criminal que estaba detrás de él”, afirmó Justiniano desde Estados Unidos, al referirse al narcotraficante uruguayo acusado de liderar una estructura regional dedicada al tráfico de drogas, lavado de dinero y operaciones criminales en varios países de Sudamérica.

La autoridad explicó que las investigaciones buscan profundizar información sobre redes criminales transnacionales y sus posibles conexiones financieras y logísticas dentro de Bolivia.

“Hay mucha tela que cortar”, sostuvo Justiniano al advertir que las organizaciones criminales han desarrollado estructuras complejas de financiamiento, protección y movimiento de recursos en la región.

El acercamiento con la DEA representa además uno de los movimientos más importantes del actual Gobierno en materia de cooperación internacional antidrogas, tomando en cuenta que la agencia estadounidense fue expulsada de Bolivia en 2008 bajo acusaciones de injerencia política.

Sin embargo, la reunión cobra una dimensión aún más política debido al contexto interno que vive el país. Días atrás, el vocero presidencial José Luis Gálvez aseguró que detrás de algunas movilizaciones y bloqueos existiría financiamiento proveniente del narcotráfico.

“El financiamiento del narcotráfico está detrás de estos dirigentes”, afirmó Gálvez, quien además acusó a sectores vinculados al expresidente Evo Morales de impulsar acciones destinadas a generar desestabilización en el país.

Según la versión oficial, las protestas no responderían únicamente a demandas sociales o económicas, sino también a intereses políticos respaldados por estructuras criminales y redes de financiamiento irregular.

Las declaraciones elevaron el tono político del conflicto y terminaron conectando directamente la agenda de seguridad internacional con la crisis interna boliviana. Bajo esa narrativa, la cooperación con la DEA no aparece solamente como una estrategia antidrogas, sino también como parte de una ofensiva política y de seguridad frente a lo que el Gobierno considera una amenaza vinculada al crimen organizado.

Desde sectores opositores y afines a Evo Morales, las acusaciones fueron rechazadas y calificadas como un intento de criminalizar la protesta social y desacreditar las movilizaciones.

Mientras tanto, el Gobierno insiste en que el narcotráfico dejó de ser un problema exclusivamente policial y se convirtió en una amenaza regional con capacidad de infiltración económica, política y territorial.

Las investigaciones sobre las redes criminales vinculadas a Sebastián Marset, así como los alcances de la cooperación internacional con la DEA y otras agencias, continúan en desarrollo. Desde el Ejecutivo señalaron que en los próximos días podrían conocerse nuevos avances dentro de la estrategia de lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado transnacional.