El Ejecutivo boliviano espera recibir información oficial de Estados Unidos sobre los fundamentos de las restricciones de visa anunciadas contra ciudadanos bolivianos, antes de definir posibles acciones en el país.

El vocero presidencial José Luis Gálvez informó que la Cancillería solicitó por los canales diplomáticos correspondientes los antecedentes y elementos que sustentan las medidas anunciadas por el Departamento de Estado estadounidense.

Gálvez calificó de graves las acusaciones difundidas por Washington, que vinculan a algunos ciudadanos bolivianos con presuntos hechos de corrupción, actividades relacionadas con el narcotráfico y protección a personas involucradas en delitos. Señaló que el Gobierno analizará cada caso una vez que reciba la información solicitada.

El funcionario también afirmó que el presidente Rodrigo Paz no fue informado previamente sobre el anuncio durante su reciente viaje a Estados Unidos. Según Gálvez, la decisión estadounidense tomó por sorpresa al Ejecutivo, que posteriormente inició gestiones para conocer los fundamentos de las restricciones.

“Lo que corresponde de manera seria es solicitar la información por los conductos regulares y eso se hizo”, afirmó el vocero en declaraciones a Red Uno.

Caso Mariaca

Respecto al fiscal general del Estado, Roger Mariaca, Gálvez sostuvo que continuará ejerciendo sus funciones mientras no exista una decisión adoptada conforme a la Constitución y las leyes bolivianas.

Recordó que Mariaca fue designado por la Asamblea Legislativa Plurinacional y señaló que el Gobierno busca preservar la independencia de las investigaciones.

Estados Unidos anunció el lunes restricciones de visa contra Mariaca y otros ciudadanos bolivianos. El Departamento de Estado lo acusó de presuntamente solicitar y aceptar sobornos para facilitar actividades vinculadas al narcotráfico y ayudar a personas involucradas en delitos violentos a evadir la justicia.

Posteriormente, se conoció que Estados Unidos evalúa aplicar restricciones de ingreso a otros ciudadanos bolivianos. La información difundida señala que la lista podría incluir a unas 20 personas, aunque el Gobierno boliviano aguarda información oficial para conocer los casos y sus fundamentos.