El director de la Oficina Técnica para el Fortalecimiento de la Empresa Pública (OFEP), Pablo Camacho, presentó un balance crítico del desempeño de las empresas estatales. Según los datos expuestos, de un universo de 67 firmas públicas, la mayoría opera con pérdidas sostenidas, baja generación de ingresos propios y una creciente dependencia del endeudamiento.

El informe identifica al menos 15 empresas en “quiebra técnica”, es decir, con patrimonio negativo y sin capacidad de sostener sus operaciones sin apoyo externo. En conjunto, estas empresas acumulan pérdidas por 2.655 millones de bolivianos y un patrimonio negativo de 1.901 millones de bolivianos.

Las cifras reflejan, según Camacho, el resultado de un modelo que apostó por la sustitución de importaciones mediante inversión estatal, financiada en gran parte con recursos públicos.

El costo del modelo: más de Bs 73.000 millones comprometidos

Uno de los datos más sensibles del informe es el volumen de recursos canalizados hacia el sector empresarial estatal. De acuerdo con la OFEP, en las últimas dos décadas se destinaron más de 73.000 millones  de bolivianos en créditos para financiar estas iniciativas.

Este esfuerzo coincidió con años de altos ingresos por exportaciones de gas y materias primas, que permitieron acumular importantes reservas en el Banco Central de Bolivia. Sin embargo, especialistas advierten que parte de esos recursos se utilizó para sostener empresas con baja rentabilidad o escasa capacidad productiva.

El cuestionamiento central apunta a la eficiencia del gasto: recursos que, según la crítica, pudieron haberse orientado a infraestructura, salud, educación o incluso a la creación de un fondo soberano para enfrentar shocks externos.

Contexto fiscal y presión sobre las reservas

El debate sobre las empresas públicas se da en un momento complejo para la economía boliviana. Las reservas internacionales han mostrado una tendencia a la baja en los últimos años, mientras el Estado enfrenta mayores necesidades de financiamiento.

En este escenario, el sostenimiento de empresas deficitarias implica una presión adicional sobre las finanzas públicas, ya sea vía transferencias directas, subsidios o garantías para nuevos créditos.

Analistas coinciden en que la discusión no pasa únicamente por cerrar o mantener empresas, sino por redefinir su rol, mejorar su gobernanza y exigir resultados en términos de productividad y generación de valor.

Sustitución de importaciones: entre la teoría y la práctica

El modelo impulsado en Bolivia apostó por la industrialización y la sustitución de importaciones como vía para reducir la dependencia externa. Sin embargo, los resultados han sido dispares.

Mientras algunas empresas estratégicas lograron consolidarse, otras no alcanzaron escala ni competitividad, operando con altos costos y baja eficiencia. Esto ha generado un sistema heterogéneo, donde conviven proyectos viables con otros altamente deficitarios.

El desafío, según expertos, es diferenciar entre sectores estratégicos que requieren apoyo estatal y aquellos donde la participación pública no ha generado los resultados esperados.

¿Reforma o continuidad?

El balance presentado por la OFEP reabre el debate sobre el futuro del aparato empresarial estatal. Entre las opciones que se discuten están la reestructuración, alianzas público-privadas, cierres ordenados o la recapitalización condicionada a mejoras de gestión.

Más allá de las decisiones puntuales, el punto de fondo es la sostenibilidad: en un contexto de menores ingresos y mayores restricciones fiscales, el margen para sostener empresas deficitarias es cada vez más limitado.