El Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) informó que el predio Santa Rita, recientemente escenario de enfrentamientos por intentos de toma ilegal de tierras, aún no cuenta con un proceso de saneamiento concluido y se ubica dentro de la Reserva Forestal Guarayos, lo que impone restricciones legales sobre su uso y ocupación.

La directora jurídica del INRA, Elvira Achu, explicó que, si bien existe una resolución final de saneamiento emitida en 2017, esta fue impugnada ante el Tribunal Agroambiental y, por tanto, no tiene carácter ejecutoriado ni permite la emisión de un título de propiedad definitivo.

“La resolución está impugnada y no se encuentra ejecutoriada. Se han dispuesto medidas precautorias precisamente para evitar nuevos conflictos”, señaló Achu en conferencia de prensa.

En ese marco, la funcionaria indicó que el INRA ha asumido medidas legales para resguardar el predio mientras se resuelve el proceso judicial. En julio de 2023 se emitieron disposiciones que prohíben nuevos asentamientos y ordenan el desalojo de ocupaciones ilegales. Estas disposiciones derivaron en intimaciones y operativos de desalojo, ejecutados en noviembre del año pasado con apoyo de la Policía.

Achu también confirmó que el área en disputa se encuentra dentro de la Reserva Forestal Guarayos, una región sujeta a normativas específicas que restringen el uso de suelo. “El predio Santa Rita está claramente ubicado al interior de esta zona de reserva”, recalcó.

El conflicto ha escalado en las últimas horas tras nuevas denuncias de violencia. Filipe Barbieri, propietario del predio, denunció la incursión de un grupo armado encapuchado, que dejó un trabajador herido de bala durante un intento de toma de la hacienda.

“Apuntaron directamente hacia mí. Escuché el disparo y luego el impacto”, relató Barbieri a UNITEL.
Su esposa, Melissa Barba, responsabilizó al Gobierno por lo ocurrido, afirmando: “Tenemos una guerrilla con apoyo del Gobierno”.

El caso ha reavivado el debate sobre los avasallamientos de tierras en áreas protegidas y el papel del Estado en la defensa de los derechos propietarios y el respeto a las normativas medioambientales.