Un riguroso hallazgo revela que la firma chilena TUBEXA cotizó las tuberías a la mitad del costo final antes de la polémica adjudicación por excepción a La Llave S.R.L. Mientras se dilapidaron millones, la red provisional cumple 15 años en zona de riesgo geotécnico ante la amenaza inminente del Fenómeno de El Niño.

Por: José María Herbas Postigo / Investigador y Consultor en Agua y Medio Ambiente

La seguridad hídrica de la sede de gobierno se encuentra atrapada en una red de decisiones administrativas bajo sospecha. Lo que inicialmente se perfilaba como un proyecto de emergencia para asegurar el suministro de agua potable a más de 300.000 habitantes de la Zona Sur, hoy se ha convertido en uno de los casos de presunta corrupción más graves del sector de saneamiento básico en el país. Un minucioso trabajo de investigación, impulsado desde el año 2023, logró destapar una monumental estructura de irregularidades, omisiones y daño económico que hoy sacude a la Empresa Pública Social de Agua y Saneamiento (EPSAS Intervenida).

La investigación no solo expone la negligencia técnica de recibir material inservible, sino que saca a la luz el "eslabón perdido" que demuestra de forma irrebatible los indicios de direccionamiento y un millonario sobreprecio: la existencia de una propuesta económica regional que fue deliberadamente ignorada por las autoridades intervinientes.

El hallazgo TUBEXA: la evidencia matemática del sobreprecio

La pieza clave que redefine el curso del Caso Penal N.° 201102012508268 es un documento que permaneció en la sombra de los escritorios técnicos. Un año antes de que EPSAS Intervenida iniciara el cuestionado proceso que terminó favoreciendo a la Sociedad Comercial La Llave S.A., la empresa chilena TUBEXA, especialista en el área, presentó una cotización formal directamente ante los técnicos responsables de la unidad solicitante. El registro palpa el código TUBEXA No. COT00183669 de fecha 28-12-2020 REV 06, con la descripción “Proyecto Tubería de conducción Valle de las Flores – Callapa”, por un valor de $us. 977.229,30 Dólares Americanos, al cambio oficial de Bs. 6.96.

La oferta de TUBEXA contemplaba la provisión de tuberías de acero estructurado con características técnicas idénticas a las requeridas. Este dato establece de forma nítida el parámetro real de mercado. Al no considerar este antecedente, la gerencia de EPSAS procedió a fijar un presupuesto referencial inflado de Bs 11.564.616,00 en su primera convocatoria, para luego terminar incrementando discrecionalmente el costo en una tercera instancia bajo la modalidad de Contratación por Excepción.

El contrato final se selló con La Llave S.A. por una suma de Bs 14.375.832,00, verificando un presunto sobreprecio estimado de Bs 7.375.832,00. En términos porcentuales, la estatal del agua habría pagado entre un 100% y un 105% de incremento ilícito en comparación con la propuesta formal de la firma chilena. Este hallazgo constituye un aporte histórico a la transparencia pública, desmontando la narrativa del "costo de importación" y evidenciando una presunción metodológica de direccionamiento contractual.

La ruta de la excepción y la vulneración legal

El proceso administrativo expuesto devela una estrategia de desgaste orientada a deshabilitar la competencia legal. La primera y segunda convocatoria pública fueron declaradas desiertas y anuladas argumentando tecnicismos y supuestas inconsistencias en los pliegos. Esto abrió la puerta legal para la adjudicación directa por excepción, un mecanismo que flexibilizó los controles financieros institucionales.

A la gravedad del sobreprecio se suma una flagrante ilegalidad mercantil. El Oficio SEPREC/DRC/PE N° 00016/2026 confirmó que la Sociedad Comercial La Llave S.A. no figuraba inscrita ni contaba con matrícula comercial activa en el Servicio Plurinacional del Registro de Comercio al momento de la contratación. Esta omisión vicia de nulidad absoluta su habilitación como proveedora del Estado, demostrando que los filtros internos de fiscalización de EPSAS fueron completamente anulados para dar curso al negocio.

Un viaje a China sin control de calidad

Los beneficios financieros para la empresa adjudicada incluyeron el financiamiento ilegal del viaje de inspección, como se evidencia en el informe EPS-UTR-0079-INF/23|EPSAS/2023-04935. Pese a que la Cláusula 32.1 de la minuta contractual estipulaba que las inspecciones en fábrica corrían por cuenta exclusiva del contratista, EPSAS Intervenida desembolsó Bs 69.345,26 en pasajes aéreos y viáticos para trasladar personal técnico a la planta Hunan Standard Steel Co. en Tianjin, China.

El resultado de dicha supervisión fue nulo. Debido a temperaturas extremas de hasta -12 °C en el país asiático, no se realizaron las pruebas esenciales de revestimiento interior ni exterior. Las cañerías no cumplieron con la norma AWWA C210 ni la certificación NSF/ANSI Standard 61 de grado alimenticio, que asegura que el agua transportada no absorba solventes químicos nocivos. Ignorando estas alertas, la Gerencia Interventora ordenó de forma irregular desembolsos equivalentes al 70% del valor total del contrato (Bs 10.063.082,40), violando las condiciones que exigían informes de conformidad de producto terminado.

Atentado a la Salud Pública y los tubos abandonados

El impacto de esta maniobra financiera excede el daño económico y se convierte en un atentado directo a la salud pública y la seguridad urbana. Tras el megadeslizamiento de 2011 y 2012 en Valle de las Flores y Callapa, se instaló una tubería provisional de menor diámetro que debía operar solo unos meses. Esa infraestructura precaria e inestable ha cumplido 15 años en funcionamiento.

La obra civil destinada a sustituir estructuralmente el tendido se encuentra paralizada porque el material importado desde China es chatarra inservible. Al arribar a Bolivia, la Comisión de Recepción dictaminó el rechazo del 100% del lote por presentar mal curado del epóxico interno, deformaciones mecánicas por ovalización y desprendimiento químico. Actualmente, 60 tubos permanecen botados en la Planta Pampahasi y 252 en Alto Lima, catalogados como activos inservibles.

Sentando precedentes jurídicos contra la impunidad

La matriz de responsabilidades identificada en la investigación apunta directamente a las altas esferas de la intervención de EPSAS. Gonzalo Bladimir Iraizos Escobar (ex-Gerente Interventor) enfrenta imputación por Incumplimiento de Deberes y Conducta Antieconómica al haber elevado el presupuesto base y firmado adendas desfavorables. Jaime Gutiérrez Quevedo (también exinterventor) es procesado por omitir la notificación de rechazo del material a la empresa proveedora, bloqueando deliberadamente la ejecución de las boletas de garantía bancaria. Ana Rosa Pimentel Castro, representante de La Llave S.A., está imputada por Incumplimiento de Contrato.

La incorporación de la prueba de la oferta de TUBEXA empuja al equipo legal a solicitar formalmente la ampliación de los tipos penales bajo la figura de Concurso Real de Delitos. Se busca incorporar cargos por Negociación Incompatible con el Ejercicio de Funciones Públicas, Contratos Onerosos y Atentado contra la Seguridad de los Servicios Públicos, castigando con severidad la discrecionalidad funcionaria. Este caso debe fijar un hito y un precedente ineludible en el país: la fiscalización ciudadana es un escudo indispensable.

El Deber de Actuar ante el Daño Estructural

El derecho humano al agua no admite medias tintas ni dilaciones burocráticas. La investigación independiente puesta sobre la mesa revela un entramado criminal en EPSAS Intervenida que excede con creces la mala gestión: se trata de un atentado directo contra la seguridad de la sede de gobierno. Frente a la contundencia de las pruebas presentadas —destacando la flagrante omisión de la oferta de la firma chilena TUBEXA por la mitad del costo final— la pasividad de las autoridades del sector hídrico ya no puede interpretarse como simple cautela administrativa; hoy bordea la negligencia burocratica.

El Ministerio Público y los entes reguladores del sector agua tienen la obligación ineludible de encarar esta crisis de forma frontal e inmediata. Si las máximas autoridades llamadas por ley no aceleran las acciones judiciales y no amplían los tipos penales contra el círculo de impunidad, se convertirán automáticamente en corresponsables del colapso del sistema. La impunidad no puede proteger únicamente a los exinterventores imputados y a la empresa proveedora; la justicia debe desmantelar la estructura interna que operó desde las sombras.

Esto incluye procesar penalmente a los mandos medios y técnicos de EPSAS: Gerencia del Área Técnica, los funcionarios de la Unidad Solicitante que engavetaron cotizaciones legítimas, las jefaturas de Contrataciones, el equipo Legal que avaló firmas sin matrículas comerciales activas y el Departamento de Auditoría Interna que actuó como un muro de contención omisivo para congelar las alarmas.

La Paz se encuentra bajo la amenaza inminente de eventos climáticos extremos como el Fenómeno de El Niño. Mantener una red provisional expuesta en zonas de alto riesgo geotécnico durante 15 años, mientras los recursos para su renovación fueron dilapidados en chatarra oxidada de procedencia china, constituye una conducta criminal. Cada día que pasa sin la detención formal de los responsables y sin la incautación de activos para resarcir el daño económico, se consolida un gravísimo precedente de desamparo institucional. Las autoridades del sector están advertidas: o impulsan la limpieza absoluta de la estatal del agua caiga quien caiga, o deberán prepararse para sentarse en el banquillo de los acusados por encubrimiento y daño estructural al patrimonio de los bolivianos.