AMENAZA EN EL ALTIPLANO:

La Sede de Gobierno y sus municipios circunvecinos se encuentran ante un “Niño” agresivo y exigen acciones regulatorias inmediatas.

Tras un riguroso y sostenido esfuerzo de investigación técnico-ambiental, el consultor en recursos hídricos José María Herbas Postigo ha formalizado una drástica advertencia institucional ante el Estado. El investigador remitió una carta y un plenario de requerimientos a la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Agua Potable y Saneamiento Básico (AAPS), exigiendo transparencia informativa absoluta y, fundamentalmente, la activación inmediata de su rol fiscalizador sobre el operador intervenido EPSAS S.A., cuyo manejo institucional muestra no estar a la altura de los desafíos climatológicos.

Para garantizar que esta alerta temprana no sea ignorada ni sepultada por la burocracia, Herbas Postigo ha enviado copias de conocimiento y radicatoria a los pilares fundamentales del ordenamiento público y civil. Las copias del documento fueron entregadas formalmente al Defensor del Pueblo, al Alcalde de la ciudad de La Paz, César Dockweiler, al Alcalde de la ciudad de El Alto, Eliser Roca, y a las dirigencia de las Federaciones de Juntas Vecinales (FEJUVES) de ambas ciudades. El objetivo central de esta masiva acción legal es activar la Fiscalización y Control Social directo y vinculante, forzando a las autoridades políticas y vecinales a asumir la defensa del recurso hídrico para evitar a toda costa un escenario extremo y desastroso.

El fantasma que recorre la región es la catastrófica crisis sufrida en la gestión 2016. En aquella oportunidad, el sistema de agua Pampahasi —encargado del suministro de la zona Sur de La Paz y de las poblaciones productivas de Palca y Mecapaca— colapsó por completo debido a la negligencia, omisión de alertas técnicas y absoluta falta de previsión por parte de EPSAS Intervenida y el ente regulador. José María Herbas Postigo, quien ha venido desarrollando de manera sistemática una serie de alertas públicas en medios impresos, radiales y televisivos, recuerda que la imprevisión del año 2016 derivó en procesos penales contra altas autoridades por atentar contra la salud pública. El peligro actual es exponencialmente mayor: el sistema Pampahasi enfrenta hoy una demanda desproporcionadamente más alta y una infraestructura que arrastra preocupantes niveles de vulnerabilidad.

El panorama científico global valida con urgencia matemática las preocupaciones planteadas por el investigador. Los reportes actualizados de la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica de EE. UU. (NOAA) confirman un 95% de probabilidad de consolidación de un fenómeno de El Niño extremo, catalogado como "Súper El Niño", entre el cierre de 2026 y los primeros meses de 2027. Los modelos climáticos anticipan sequías extremas, prolongación de periodos de estiaje y un severo déficit de precipitaciones en el altiplano central boliviano. Herbas puntualiza con firmeza un criterio técnico crucial para frenar la complacencia institucional: si bien la última nevada registrada en las cumbres cordilleranas ha sido recibida como una bendición visual, esta no constituye un aporte estructural ni mitiga de ninguna manera el severo impacto del déficit pluvial acumulado que provocará El Niño.

Ante esta realidad climática, el documento enviado a la AAPS cuestiona severamente la política de expansión desproporcionada que ha ejecutado EPSAS Intervenida. La incorporación discrecional o políticamente motivada de nuevas jurisdicciones territoriales hacia municipios vecinos se realiza sin contar con un Balance Hídrico Oferta-Demanda sostenible ni nuevas fuentes de captación garantizadas. El investigador sostiene que es regulatoriamente inadmisible distribuir la misma cantidad finita de agua entre un número creciente de usuarios bajo una figura de "Intervención" estatal que se prolonga de manera irregular más allá de lo previsto por la Ley N° 2066.

La conminatoria dirigida a los alcaldes César Dockweiler y Eliser Roca es directa: sus municipios deben activar mecanismos rigurosos de control y fiscalización económica sobre el operador. Es momento de prohibir de forma tajante el uso de recursos públicos de la empresa de agua en gastos superfluos, donaciones institucionales o engrosamiento de la planilla salarial. Cada centavo disponible dentro de EPSAS Intervenida debe invertirse de forma transparente y exclusiva en infraestructura de resiliencia hídrica, en la captación de fuentes de cabecera, en la reducción del elevadísimo Índice de Agua No Contabilizada (pérdidas en redes obsoletas) y en asegurar el tramo crítico y provisional de la tubería en la zona de Callapa Valle de las Flores.

La entrega de esta notificación formal fija un hito legal definitivo en el país. Si la AAPS, EPSAS Intervenida, el Defensor del Pueblo y los alcaldes metropolitanos omiten estas advertencias fundamentadas en datos científicos de la NOAA, no podrán alegar desconocimiento frente a contingencias futuras. La seguridad hídrica es el pilar de la salud pública; resguardarla exige que la sociedad civil y las FEJUVES ejerzan su rol constitucional de control social, forzando una planificación técnica de emergencia antes de que los grifos de la población vuelvan a quedar secos.