Ante las recientes amenazas dirigidas contra autoridades del Tribunal Supremo Electoral (TSE) por parte de dirigentes afines a Evo Morales, la Defensoría del Pueblo expresó su profunda preocupación y rechazó categóricamente los actos de hostigamiento hacia los vocales electorales.

A través de un pronunciamiento oficial, la institución advirtió sobre el incremento de discursos agresivos en un contexto marcado por tensiones políticas, crisis económica y un ambiente preelectoral. “La Defensoría del Pueblo manifiesta su máxima preocupación por la escalada de discursos beligerantes en medio de la conflictividad que atraviesa el país”, señala el comunicado.

En este contexto, el defensor del Pueblo, Pedro Callisaya, recordó desde su cuenta oficial en la red social X que “toda protesta debe enmarcarse en la legalidad y el respeto a los principios democráticos”.

Uno de los hechos que ha generado mayor alarma es la difusión de las direcciones de los domicilios de los vocales Óscar Hassenteufel y Tahuichi Tahuichi por parte del dirigente Enrique Mamani, quien también advirtió con identificar a sus familiares como parte de las presiones para que se habilite la candidatura de Evo Morales.

Estos amedrentamientos se producen además luego de reportarse la explosión de un artefacto cerca de la vivienda de un vocal del Tribunal Electoral Departamental de Cochabamba, lo que agrava aún más el clima de tensión.

Ante estos hechos, la Defensoría exhortó a los sectores movilizados a canalizar sus demandas por medios legales y democráticos, respetando la institucionalidad y la independencia de los órganos del poder público. “Es necesario recordar que las amenazas contra la integridad física de las personas y la obstrucción del ejercicio de funciones públicas contravienen la legislación boliviana. Por ello, es fundamental que toda acción se rija por el respeto a la normativa vigente”, enfatizó la institución.

Finalmente, tal como lo ha hecho en anteriores oportunidades, la Defensoría del Pueblo reiteró su llamado a garantizar que las elecciones generales previstas para agosto de 2025 se desarrollen de manera íntegra, transparente y en condiciones de competencia democrática.