La Asamblea Nacional de Nicaragua aprobó este miércoles una reforma constitucional para perseguir, procesar, penalizar y combatir todo tipo de delito y persona vinculada en hechos de corrupción en el país.

El paso, considerado "trascendental" para la campaña del Estado Revolucionario nicaragüense en la lucha anticorrupción, fue aprobado por unanimidad en el pleno del legislativo con 91 votos a favor.

La normativa reforma los artículos 132, 159 y 160 de la Constitución Política de Nicaragua para crear la Procuraduría General de Justicia, una institución impulsada desde la Copresidencia de la República que tendrá rango constitucional y castigará los actos de corrupción en todos los niveles del sector público.

La persona que resulte designada como procurador o procuradora general de Justicia, que será nombrada directamente por la Copresidencia, podrá ejercer la función acusadora en nombre de las víctimas, incluso en procesos penales de delitos de alto impacto como narcotráfico, lavado de activos y crimen organizado.

El diputado Carlos Emilio López, de la bancada sandinista, dijo: "Esta reforma es trascendental, tiene que ver con la característica esencial del Estado Revolucionario, que es un Estado transparente, un Estado limpio, un Estado ético, un Estado que desarrolla sus leyes, sus políticas y sus programas en pro del combate a la pobreza, en pro del bien común de la justicia social. Esta reforma es parte de una campaña del Estado Revolucionario para combatir la corrupción".

Por su parte, la diputada Loria Dixon, primera secretaria directiva de la Asamblea Nacional, aseguró que la Procuraduría General de Justicia "identificará, perseguirá y procesará a todos los responsables de actos lesivos al patrimonio económico, natural, cultural, material, político y jurídico del pueblo nicaragüense, que es el Estado mismo, no permitiendo de ninguna manera el encubrimiento de los intereses ajenos a nuestro pueblo para cometer o seguir cometiendo infames actos de robo y saqueo".