El tratamiento de la ley que autoriza la instalación de una planta de extracción directa de litio en el salar de Uyuni debió realizarse hace tres meses, según denunció el diputado Hernán Hinojosa (MAS), presidente de la Comisión de Economía Plural, Producción e Industria de la Cámara de Diputados. El legislador responsabilizó a intereses políticos por el retraso y llamó a debatir el tema “con argumentos y sin violencia”.

El proyecto de ley en cuestión viabiliza un contrato entre Yacimientos de Litio Bolivianos (YLB) y la empresa rusa Uranium One Group. En Potosí, sin embargo, varias instituciones rechazan esta iniciativa y han anunciado movilizaciones en su contra, lo que ha generado un ambiente de tensión en torno al tema.

La noche del miércoles, alrededor de las 22:00, la Comisión de Economía Plural declaró un cuarto intermedio en la sesión en la que se analizaba el contrato con la firma rusa. Hinojosa recordó que la comisión no aprueba leyes, sino que las analiza y remite al pleno de la Cámara de Diputados, donde se define su destino final mediante votación.

“El proyecto de ley debió tratarse hace tres meses. Recomendamos a YLB y al Ministerio de Hidrocarburos que socialicen el contrato; nos informaron que ya lo hicieron, por eso convocamos a su tratamiento”, explicó el legislador.

Consultado por la posibilidad de trasladar la sesión a Potosí, como se había comprometido inicialmente, Hinojosa descartó esa opción. Señaló que varios diputados solicitaron no sesionar en esa región debido a las protestas anunciadas para este viernes.

“Sí, había el compromiso, no lo negamos. Pero varios colegas diputados expresaron su desacuerdo con ir a Potosí y solicitaron aplicar el artículo 76 para pasar directamente a votación”, explicó. En ese marco, sostuvo que la Asamblea Legislativa tiene la facultad de aprobar o rechazar cualquier normativa conforme a su reglamento.

“No se trata de ir a sesionar a Potosí con toda la población presente y aprobar una ley en asamblea abierta. Tenemos funciones específicas y debemos actuar en el marco del reglamento legislativo”, afirmó.

Por su parte, el ministro de Hidrocarburos y Energía, Alejandro Gallardo, aseguró que ya se realizaron procesos de socialización en la región con diferentes sectores sociales.

En medio del debate, la diputada de Comunidad Ciudadana (CC), Lissa Claros, continúa con una vigilia en instalaciones del Legislativo para frenar el tratamiento del contrato. Según recordó, existía el compromiso de debatir el tema en la capital potosina.

Incluso el diputado Walthy Egüez, de la alianza Creemos, ofreció cubrir los gastos de traslado de los legisladores a Potosí, pero su propuesta fue rechazada.