Los sectores productivos del país advierten que los avasallamientos de tierras y el contrabando se han convertido en problemas estructurales que exigen respuestas firmes y urgentes por parte del Gobierno. Ambos flagelos no solo socavan la competitividad del aparato productivo, sino que también ponen en entredicho la seguridad jurídica, el respeto a la propiedad privada y la soberanía alimentaria nacional.

Desde el sector privado aseguran que, frente a esta situación crítica, las autoridades llamadas por ley a intervenir han mostrado una preocupante pasividad. La Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO) informa que, en lo que va del año, ya se han registrado 163 nuevos casos de avasallamientos, elevando el número total de predios tomados a casi 500 en los últimos años.

“El Gobierno actúa con sordera y ceguera. No podemos seguir así”, denunció Klaus Frerking, presidente de la CAO, exigiendo garantías estatales para la propiedad privada y el Estado de derecho en el área rural.

Uno de los casos más alarmantes ocurrió en la hacienda Santa Rita, en la provincia Guarayos, donde trabajadores fueron atacados a balazos por encapuchados armados, dejando al menos un herido. El hecho revela el nivel de violencia con el que operan estos grupos, que el sector agrícola considera como organizaciones criminales estructuradas y con protección política.

Fernando Asturizaga, asesor de la Asociación de Productores de Oleaginosas y Trigo (Anapo), advierte que estos hechos no son aislados, sino parte de una estrategia de control territorial con fines políticos y económicos.

“El objetivo no es producir, sino despojar. Primero expulsan a productores legalmente establecidos, luego justifican asentamientos con argumentos falsos, como supuestas reservas forestales. Esta ambigüedad legal es usada como coartada para avanzar sobre tierras ajenas”, explicó.

Asturizaga denunció además que incluso en las mesas de diálogo organizadas por el Gobierno han participado personas con órdenes de aprehensión por avasallamiento, sin que se ejecute acción legal alguna.

Tanto la CAO como Anapo temen que la falta de acción estatal pueda derivar en un conflicto de carácter internacional, especialmente por la presencia de observadores extranjeros en reuniones oficiales donde se omitió hacer cumplir la ley.

“Si no hay sanción, esto va a seguir escalando. En Santa Cruz ya se han tomado 1,4 millones de hectáreas sin que aumente la producción”, alertó Asturizaga.

Contrabando: el enemigo silencioso del aparato productivo

A estos conflictos se suma el contrabando, una problemática que lleva años debilitando la industria nacional sin que exista una respuesta contundente por parte del Estado. Claudia Pacheco, presidenta del Colegio de Economistas de Santa Cruz, lamenta que no se haya protegido al productor ni a la industria frente al ingreso y salida ilegal de mercancías.

“El contrabando no es un fenómeno nuevo, pero sigue sin ser combatido eficazmente. Hay fronteras totalmente expuestas, lo que genera competencia desleal y golpea la producción nacional”, afirmó.

Pacheco cuestionó la falta de control aduanero y militar en puntos estratégicos, lo que permite un flujo constante de productos extranjeros a precios imposibles de igualar para el mercado interno.

Por su parte, el gerente general de la CAO, Edilberto Osinaga, fue categórico: el contrabando atenta directamente contra la seguridad alimentaria. Subrayó que el enfoque de las autoridades es erróneo, ya que priorizan operativos menores en mercados locales en lugar de desarticular las mafias que operan en las fronteras.

“Los operativos generan miedo entre los productores, frenan la comercialización y no atacan el verdadero problema. Lo que se necesita es frenar el contrabando a gran escala, no criminalizar al productor”, sostuvo.

Osinaga también señaló que la crisis cambiaria y la inflación en países vecinos agravan la situación, ya que las compras externas se hacen en dólares, una divisa que escasea en el país.

“Esto no se resuelve cerrando ingenios ni con medidas punitivas contra los actores formales de la economía”, agregó.

Aunque el Viceministerio de Lucha Contra el Contrabando informó haber incautado mercancía ilegal por un valor superior a los 63 millones de bolivianos en el primer semestre del año, desde el sector privado aseguran que esos datos no reflejan lo que realmente ocurre en el terreno.

“Las cifras no se traducen en resultados tangibles. Los mercados siguen vacíos y los productos nacionales siguen saliendo por canales ilegales”, denuncian desde la CAO, desde donde insisten en la necesidad de aplicar medidas estructurales, ejercer verdadera voluntad política y restablecer el respeto al marco legal.

El llamado es claro: el futuro de Bolivia está en juego

“La afectación no es solo al productor, es al país entero”, resume Asturizaga. Para los sectores productivos, lo que está en riesgo no es únicamente la tierra o los bienes, sino la institucionalidad democrática, el desarrollo económico y la capacidad del país para sostenerse con producción nacional. La preocupación crece ante la falta de señales claras por parte del Gobierno, mientras el tiempo corre y los desafíos se agravan.