El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó una orden ejecutiva para sancionar a la Corte Penal Internacional (CPI), acusándola de actuar de manera indebida contra su país e Israel. La medida impone restricciones financieras y de visado a cualquier persona, incluidos sus familiares, que colabore en las investigaciones de la CPI sobre ciudadanos estadounidenses o aliados de Washington, como Israel.

Según Trump, esta decisión busca establecer "consecuencias tangibles y significativas", que pueden incluir el bloqueo de bienes y activos, así como la prohibición de entrada a Estados Unidos para funcionarios, empleados y representantes de la CPI, junto con sus familiares directos. Argumentó que permitir su ingreso al país sería "perjudicial" para los intereses estadounidenses.

"Una amenaza extraordinaria para la política exterior de EE.UU."

En el documento oficial, Trump denunció que la CPI "carece de legitimidad" para investigar a ciudadanos estadounidenses y aliados como Israel. Además, calificó como un abuso de poder la emisión de órdenes de arresto contra el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, y el exministro de Defensa, Yoav Gallant.

El mandatario subrayó que ni Estados Unidos ni Israel son miembros de la CPI y, por lo tanto, no reconocen su jurisdicción. "Ambos países son democracias consolidadas con ejércitos que respetan estrictamente las leyes de la guerra", afirmó. Además, sostuvo que cualquier intento de la CPI por investigar, arrestar o procesar a ciudadanos estadounidenses o aliados representa "una amenaza inusual y extraordinaria para la seguridad nacional y la política exterior de EE.UU.".

Una respuesta a las órdenes de arresto contra Netanyahu y Gallant

La decisión de Trump se produce tras el bloqueo en el Senado, liderado por los demócratas, a un intento republicano de sancionar a la CPI en represalia por la emisión de órdenes de arresto contra Netanyahu y Gallant. Estas órdenes están relacionadas con la ofensiva israelí en Gaza, iniciada en octubre de 2023 tras el ataque de Hamás.

 Ante posibles represalias, la CPI ha tomado medidas preventivas para proteger a su personal, como adelantar el pago de salarios por tres meses y prepararse para restricciones financieras que podrían afectar su funcionamiento, según informó Reuters.

A pesar de las órdenes de arresto emitidas por la CPI el 21 de noviembre, varios países han anunciado que no las ejecutarán en caso de que Netanyahu o Gallant ingresen en su territorio. Alemania, Argentina, Hungría y Polonia figuran entre los países que han rechazado cumplir con la decisión del tribunal.