La vocera de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Ángela Marín, afirmó este domingo que la empresa estatal no tiene “nada que ocultar” en el caso Botrading y pidió que no se politice esta investigación.

“No tenemos nada que ocultar, así como hemos suministrado toda la documentación que nos ha pedido al cámara de diputados, estamos en condiciones de mostrar toda la documentación que nos pida la Contraloría, el Ministerio Público o cualquier otro ente que ejerza control y fiscalización”, afirmó Marín.

Una comisión legislativa entregó un informe del caso Botrading señalando que hay varias cuestiones que investigar, por lo que se derivó el caso a la Fiscalía.

Según el diputado Carlos Alarcón (CC), Botrading contrató a cuatro empresas (dos de Argentina, una de Brasil y una de Perú) para la compra de crudo, diésel y gasolina por un valor de 776 millones de dólares, desde la creación de la firma en febrero de 2023.

La vocera de YPFB aseveró que las actuaciones de YPFB son lícitas, no hay nada que ocultar y así se va a probar en cualquier proceso.

“Lo único que queremos pedir es que se mantenga la objetividad en todas las instancias, y que no se politice este escenario que se está creando en torno al caso Botrading y que no se generen sentencias anticipadas”, dijo.

Marín indicó que el informe legislativo señala que no se evidenció la existencia de actos irregulares, ni de supuestos malos manejos de recursos del estado boliviano.

Explicó que se creó Botrading porque la Ley 1178 impide que YPFB pueda desarrollar directamente una labor de compra, sino que obliga a hacer procesos de contratación que son largos y que las empresas internacionales no se presentan.

Por ello, YPFB creó Botrading para poder competir en el mercado internacional y así ahorrar costos en estas operaciones, dijo Marín, a tiempo de señalar que la firma ya tuvo una utilidad de 30 millones de dólares.

La Comisión Especial fue conformada el 27 de marzo de 2025 con un mandato de 60 días, bajo la presidencia del diputado José Luis Flores Colquillo, junto a sus colegas Miriam Martínez y Lidia Tupa (MAS-IPSP), además de Enrique Urquidi y Carlos Alarcón (CC), y Rosa Áñez (Creemos). Presentaron su informe ante el pleno el 12 de septiembre.

En su informe, la comisión presentó tres recomendaciones: remitir el informe a la Contraloría General del Estado para que, en caso de confirmar indicios de delitos, se derive el caso al Ministerio Público y se ordenen auditorías forenses integrales.

La Fiscalía investiga presuntas irregularidades en el denominado caso Botrading, por el que ya hay un exfuncionario detenido y otros 10 bajo investigación.