El presidente de Colombia, Gustavo Petro, anunció que su abogado, Dan Kovalik, ha asumido la defensa jurídica de la familia de Alejandro Carranza, un pescador de la ciudad de Santa Marta, quien perdió la vida en uno de los ataques perpetrados por Washington contra lanchas que supuestamente transportaban drogas en el Mar Caribe.

Esta medida responde a las denuncias de asesinatos de civiles caribeños que, según se reveló, habrían ocurrido bajo órdenes directas emanadas de la política del secretario de Guerra, Pete Hegseth, del presidente estadounidense Donald Trump.

La noticia fue difundida por Petro a través de su cuenta en la plataforma X. El mandatario colombiano declaró que la agencia jurídica del Estado, cuya prioridad debe ser la defensa de las víctimas de la violencia en Colombia, debe convocar una comisión de abogados colombianos para investigar los crímenes en el mar Caribe.

El abogado estadounidense Dan Kovalik inició la defensa judicial de la familia Carranza, denunciando este acto como un «asesinato estadounidense» y lamentando la falta de solidaridad hacia las víctimas.

El contexto de estos homicidios en el Caribe se amplía con la revelación de que abogados de los dos principales partidos estadounidenses han unido sus esfuerzos para examinar la política militar del secretario Hegseth. Este examen busca determinar la responsabilidad en los crímenes que presuntamente han ocasionado la muerte de civiles caribeños, poniendo el foco en las órdenes directas emitidas.

En otra publicación, Petro reiteró su acusación contra Estados Unidos, señalando que las acciones en el Caribe y el Pacífico constituyen «un asesinato sistemático, que es un delito de lesa humanidad». El presidente se refirió a los 20 ataques anunciados por la Casa Blanca desde agosto de 2025, bajo el pretexto de combatir el narcotráfico, los cuales han provocado la muerte de más de 80 personas. «Creo que así sea desplazándose en canoa como antaño, los pueblos del Caribe deben reunirse por zonas en asamblea para unirse y actuar», afirmó Petro, haciendo un llamado a la unidad regional.

La investigación de esta comisión de abogados colombianos buscará no solo el esclarecimiento del asesinato de Alejandro Carranza, sino también establecer responsabilidades por otros crímenes contra civiles en el Caribe. Este paso es fundamental para desafiar el uso de fuerza en la región y para proteger a la población local de las consecuencias letales de las operaciones militares extranjeras.

La exigencia del presidente Petro marca una postura clara de defensa de la soberanía nacional y los derechos humanos. Busca establecer un precedente legal que permita a Colombia investigar y perseguir a los responsables de violaciones cometidas en su jurisdicción, enviando un mensaje contundente contra la impunidad en las aguas del Caribe.