La Cámara de Diputados aprobó, con más de dos tercios de los votos, el proyecto de ley que plantea la restitución integral de los derechos de policías y militares que fueron dados de baja después de la crisis política y social de 2019. La norma fue remitida a la Cámara de Senadores para su análisis.

Las bajas se produjeron en un contexto de profunda conflictividad tras las elecciones de octubre de 2019, cuando el país estuvo marcado por movilizaciones, enfrentamientos y hechos de violencia. Durante ese periodo también se registraron actos de discriminación contra sectores indígenas y episodios de agravio a la Wiphala, reconocida por la Constitución como uno de los símbolos del Estado boliviano. Estos acontecimientos, junto con la intervención y actuación de policías y militares durante la crisis, dieron lugar posteriormente a procesos disciplinarios, cuestionamientos institucionales y, en algunos casos, bajas de miembros de ambas fuerzas.

El proyecto, presentado por los diputados Carlos Alarcón y Alejandro Reyes, busca revisar las consecuencias que enfrentaron los uniformados afectados. Según los proyectistas, varios fueron dados de baja de manera injusta durante el gobierno de Luis Arce, en el marco de la interpretación oficial de los acontecimientos de 2019 como un “golpe de Estado”.

Durante el debate, Alarcón calificó la aprobación como un hecho histórico y sostuvo que los policías y militares afectados actuaron en defensa de la Constitución y la democracia. Según afirmó, las bajas no solo afectaron sus carreras institucionales, sino también a sus familias y derechos relacionados con la jubilación, la seguridad social y la atención en salud.

El proyecto consta de 20 artículos y establece mecanismos para la reincorporación y restitución de derechos relacionados con el desempeño del cargo, ascensos, seguridad social y jubilación. La iniciativa establece además que la restitución de derechos no implica cerrar ni obstaculizar los procesos penales vinculados con los hechos de 2019.

La aprobación de la norma reabre así el debate sobre las consecuencias que dejó la crisis de 2019 y sobre la situación de los uniformados que fueron sancionados posteriormente. Mientras sus impulsores consideran que se trató de una vulneración de derechos que debe ser reparada, otros sectores sostienen que las actuaciones de policías y militares durante aquellos acontecimientos deben ser examinadas también a la luz de los hechos de violencia, discriminación y vulneración de derechos registrados durante la crisis.