La mañana de este jueves, poco después de las 08:00, dirigentes de la Federación Nacional de Cooperativas Mineras de Bolivia (Fencomin) se presentaron en las oficinas de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), en la ciudad de La Paz, con la expectativa de entablar un diálogo directo con el presidente Luis Arce, en busca de una salida al conflicto que enfrenta al sector minero con el Gobierno.

Uno de los representantes del sector movilizado confirmó, en declaraciones a la red UNITEL, la presencia del mandatario en el lugar, mientras sus compañeros gestionaban el ingreso a las instalaciones ubicadas en El Prado.

La protesta se inició el miércoles, día en el que se frustraron dos intentos de acercamiento. El primero fue al mediodía, cuando el ministro de Minería y Metalurgia, Alejandro Santos, convocó a la dirigencia de Fencomin a una reunión que fue posteriormente abandonada. Más tarde, ya en la noche y acompañado de otras autoridades, Santos reiteró la invitación, pero esta vez los representantes del sector no asistieron.

Uno de los dirigentes advirtió que, si el presidente Arce no encabeza personalmente el diálogo, las conversaciones volverán a romperse. Mientras tanto, los movilizados mantienen bloqueados los accesos a diversas instituciones públicas vinculadas al sector minero.

Las demandas del sector

Fencomin presentó un pliego petitorio de 19 puntos, en el que exige, entre otras cosas, que el pago por los minerales se realice en dólares, el acceso a nuevas áreas de trabajo, la destitución de al menos seis autoridades —incluido el ministro de Trabajo, Erland Rodríguez— y un espacio en el directorio de la Gestora Pública, entidad que administra los aportes para la jubilación.

También solicitan una regulación inmediata en la distribución de combustible, de acuerdo con los cupos requeridos por cada cooperativa minera, y el abastecimiento normal y continuo de material explosivo en todo el país.

Otras exigencias incluyen la autorización permanente para exportar estaño de baja ley, la regulación del precio de los minerales no metálicos en su etapa inicial de comercialización y la firma inmediata de contratos administrativos mineros —tanto por adecuación como por nuevas concesiones y reubicaciones—.