El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, ha quedado habilitado para buscar la reelección presidencial de manera indefinida, tras la aprobación exprés de una reforma constitucional por parte del Congreso, controlado por su partido. La modificación legal también extiende el mandato presidencial de cinco a seis años, elimina la segunda vuelta electoral y sincroniza los comicios presidenciales, legislativos y municipales.

La reforma fue ratificada este jueves 31 de julio en una segunda sesión plenaria convocada en horas de la noche. Mientras tanto, fuegos artificiales estallaban en la plaza central de San Salvador celebrando el hecho. “Gracias por hacer historia, colegas diputados”, expresó el presidente de la Asamblea Legislativa, Ernesto Castro, del oficialista partido Nuevas Ideas.

Con esta decisión, Bukele —quien asumió la presidencia en 2019 y fue reelegido en 2024 con el 85% de los votos— podrá presentarse nuevamente en las elecciones generales de marzo de 2027, tras haberse recortado dos años a su actual mandato.

Reacciones encontradas y preocupación internacional

La diputada oficialista Ana Figueroa, impulsora de la reforma, defendió la medida afirmando que “ahora los salvadoreños podrán decidir hasta cuándo respaldan a su presidente”. Sin embargo, las críticas no tardaron en llegar.

La opositora Marcela Villatoro denunció que la reforma fue aprobada en medio del inicio de una semana de vacaciones para evitar mayor cobertura y reacción pública. “Hoy ha muerto la democracia en El Salvador. Se quitaron las máscaras. Son unos cínicos”, declaró en el hemiciclo.

Desde la comunidad internacional, la directora de Human Rights Watch, Juanita Goebertus, advirtió que El Salvador sigue el camino de Venezuela: “Empieza con un líder que usa su popularidad para concentrar poder, y termina en dictadura”, señaló en X (antes Twitter).

El coordinador de la Comisión de Derechos Humanos, Miguel Montenegro, también cuestionó la reforma: “Lleva a un desequilibrio total. La democracia ya no existe”, declaró a la agencia AFP.

Incluso en las calles, ciudadanos como el maestro Mauricio Acevedo, de 41 años, expresaron preocupación: “Aunque muchas obras han sido buenas, la tendencia a lo malo irá en aumento. Al final, solo seremos testigos de lo que ocurra”, lamentó desde una parada de buses en el norte de la capital.

Popularidad sostenida, pero bajo un régimen de excepción

La popularidad de Bukele sigue siendo alta, especialmente por su férrea política de seguridad, con la que ha logrado reducir la violencia a niveles históricos mediante una agresiva “guerra contra las pandillas”. No obstante, esa estrategia se sostiene en un régimen de excepción que permite arrestos sin orden judicial, duramente criticado por organizaciones de derechos humanos.

Desde 2022, más de 88.000 personas han sido arrestadas bajo sospechas de pertenecer a pandillas o colaborar con ellas. ONG como Cristosal y Socorro Jurídico denuncian miles de detenciones arbitrarias y al menos 430 muertes bajo custodia estatal.

Además, en los últimos meses se ha intensificado la persecución contra defensores de derechos humanos. La abogada Ruth López, crítica del gobierno, fue detenida tras denunciar casos de corrupción. Su organización, Cristosal, se exilió recientemente acusando al gobierno de iniciar una “escalada represiva”.

En su discurso por el primer aniversario de su segundo mandato, Bukele respondió a las críticas internacionales asegurando que no le preocupa ser llamado “dictador”.

A pesar de que la Constitución prohibía la reelección, una polémica sentencia de jueces cercanos al oficialismo ya había habilitado su candidatura en 2024. Ahora, con la reforma legal, su permanencia en el poder queda prácticamente sin límite.