En medio de la amenaza de paro de transportistas, vence el plazo del Gobierno para normalizar el suministro de diésel y gasolina

Este 31 de marzo se cumple el plazo que el Gobierno había fijado para regularizar el abastecimiento de diésel y gasolina en todo el país. Sin embargo, distintos sectores denuncian que la provisión sigue presentando fallas y han anunciado medidas de presión.

Uno de los principales actores en conflicto es la Confederación Sindical de Choferes de Bolivia, que, ante el incumplimiento del acuerdo firmado con el Ejecutivo, ha convocado a un paro nacional indefinido desde la medianoche del miércoles 2 de abril, acompañado de bloqueos en las principales carreteras del país.

El ministro de Obras Públicas, Edgar Montaño, fue el encargado de leer el documento del acuerdo, en el que se ratifica la subvención a los carburantes. En la reunión también participaron representantes de los ministerios de Economía e Hidrocarburos, así como de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB).

A pesar de estas declaraciones oficiales, en varias provincias persisten las quejas por la escasez de diésel, una situación que afecta directamente al sector del transporte y a la producción agrícola, especialmente en plena cosecha de granos estratégicos como soya, maíz y sorgo.

El acuerdo entre el Gobierno y los transportistas establece que "hasta el 31 de marzo de la presente gestión se normalizará el abastecimiento de diésel oil y gasolina Especial en todo el territorio nacional". No obstante, la Confederación de Choferes sostiene que el problema persiste y acusa al Gobierno de falta de voluntad para resolver la crisis.

Además del reclamo por el desabastecimiento de carburantes, los transportistas exigen la destitución del presidente de la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC), a quien responsabilizan por el mal estado de las vías en el país. También demandan la salida del viceministro de Defensa al Consumidor, Jorge Silva, a quien critican por la falta de control sobre los precios de los productos de la canasta familiar.

Con el ultimátum vencido y sin señales claras de solución, el conflicto entre el Gobierno y el sector del transporte amenaza con escalar en los próximos días.