Gabriel Villalba Pérez

es abogado y docente de posgrado de la UMSA

La crisis del sistema judicial boliviano se caracteriza por su propia concepción plutocrática ligada a prácticas judiciales de cobros y pagos ilegales con el fin de motivar-aceitar cualquier proceso judicial. No es ninguna casualidad que, en el imaginario colectivo, la práctica judicial siempre esté ligada a actos de corrupción, en un sistema donde quien tiene dinero puede aspirar a “obtener justicia” y quien no, se encuentra predestinado a peregrinar por migajas que inevitablemente consolidan las injusticias.

Los operadores de justicia continúan subordinados a estructuras partidarias y redes de poder que cooptan cargos, decisiones y procesos. La independencia judicial es formal, no real, y además de muy larga data. En perspectiva histórica, podemos atribuir este comportamiento a los denominados “doctorcitos de Charcas”, jurisconsultos de una élite criolla cuyos descendientes físicos y mentales poco han cambiado en sus prácticas señoriales, coloniales, discriminatorias y todas las superestructuras que hacen a la Justicia.

El problema no son “unas cuantas manzanas podridas”, sino circuitos organizados de corrupción que operan dentro de juzgados, fiscalías, redes de abogados, policías y operadores administrativos. En esta quimera al estilo de la ley de la jungla el acceso a la justicia está mediado por recursos económicos, influencias y patrocinio directo e indirecto de estas redes delincuenciales. La población común queda excluida o sometida a procesos interminables, mientras que la justicia penal es usada como arma política.

En este sentido, una revolución judicial debe ser estructural, no cosmética. Se debe impulsar verdaderos procesos de descolonización del poder judicial. Los sistemas anticorrupción deben ser fortalecidos materialmente y no en un sentido estrictamente declarativo. La tecnología que se plantea incorporar al Órgano Judicial debe ser ágil y transparente, progresista y orientada a democratizar el acceso a la justicia.

Bolivia carece de un Registro Público de Integridad Judicial, que debiera encargarse de incorporar y contrastar declaraciones juradas patrimoniales cruzadas con ingresos y estilo de vida; elaborar historiales disciplinarios pormenorizados de cada operador de justicia; además de estadísticas de carga procesal y tiempos promedio por juez y fiscal, con la potestad de realizar auditorías aleatorias.

En el ámbito de la digitalización, bien podría incorporarse un sistema de Expediente Judicial Único Electrónico, que serviría para impedir la manipulación física de expedientes. Este sistema digital debiera dejar trazabilidad de cada movimiento identificando posibles alteraciones o irregularidades. La digitalización debe tener el objetivo puntal de reducir intermediarios corruptos. Este mismo sistema puede incorporar plataformas de transparencia procesal abierta, donde las partes vean en tiempo real cada actuación, a la vez, existan alertas automáticas para retrasos injustificados.

La lucha anticorrupción no debe limitarse a control de viáticos, informes o papeles; debe orientarse a desarticular redes que capturan decisiones judiciales, identificar operadores que venden libertades, medidas cautelares o retardaciones y fundamentalmente atacar la corrupción estructural y organizada que opera como una industria.