El representante de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), Bo Mathiasen, expresó su preocupación por el fortalecimiento de las organizaciones criminales y las redes vinculadas al narcotráfico en Bolivia y otros países de la región.

Mathiasen, director de la División de Operaciones de la UNODC, llegó a Bolivia para participar en la presentación del informe sobre los cultivos de hoja de coca y el lanzamiento de la estrategia nacional de lucha contra el narcotráfico.

Durante su visita también sostuvo una reunión con el presidente Rodrigo Paz, encuentro que calificó como “franco y bueno”.

El funcionario señaló que el país atraviesa una situación compleja debido al crecimiento de las estructuras delictivas que operan en distintos puntos de Sudamérica.

“Bolivia está en un momento muy delicado”, afirmó Mathiasen, al advertir que el crimen organizado y el narcotráfico han incrementado su presencia e impacto en la región.

Monitoreo de los cultivos de coca

El director de Operaciones explicó que la UNODC realiza un seguimiento permanente de los cultivos de coca en Bolivia, Perú y Colombia, considerados países centrales dentro de la problemática regional de producción y tráfico de drogas.

Según Mathiasen, Bolivia cuenta actualmente con una política nacional antidrogas proyectada para los próximos cinco años, mientras que otros países de la región también desarrollan acciones destinadas a enfrentar la producción de estupefacientes y las rutas utilizadas para trasladarlos hacia mercados internacionales.

El funcionario destacó la necesidad de que las políticas nacionales estén acompañadas por mecanismos de coordinación entre los países.

Crimen organizado amplía sus actividades

Mathiasen advirtió que las organizaciones criminales transnacionales ya no concentran sus actividades exclusivamente en el narcotráfico.

De acuerdo con la UNODC, estas estructuras también están relacionadas con delitos como la trata y tráfico de personas, la minería ilegal de oro y el lavado de dinero.

El funcionario sostuvo que existe una creciente conexión entre distintas actividades ilícitas, lo que permite a las organizaciones criminales generar importantes recursos económicos y ampliar su capacidad de operación.

También alertó sobre los riesgos que representa la penetración de estas redes en instituciones públicas mediante actos de corrupción, situación que puede afectar la estabilidad y el funcionamiento de los Estados.

Llamado a una respuesta regional

Ante este escenario, Mathiasen planteó la necesidad de fortalecer la cooperación entre las instituciones de los países sudamericanos.

A su criterio, el carácter transnacional de estas organizaciones exige respuestas coordinadas y estrategias que permitan enfrentar de manera conjunta el narcotráfico y los demás delitos asociados al crimen organizado.

“Los países deben enfrentar estos problemas de manera conjunta”, sostuvo, al remarcar que la cooperación regional es fundamental para reducir el impacto de estas actividades ilícitas sobre la población.