En el transcurso de una semana, múltiples denuncias han salido a la luz contra efectivos de la Policía Boliviana, generando investigaciones por delitos graves como tortura, robo, contrabando y complicidad con reclusos.

Tortura en sede policial

Uno de los casos más alarmantes es el de Juan L.M., quien denunció haber sido víctima de agresiones y amenazas por parte de agentes del Departamento de Análisis Criminal e Inteligencia (DACI) en una supuesta "sala de tortura" de la fuerza anticrimen en La Paz.

Según su testimonio, los policías intentaron forzarlo a confesar un feminicidio que no cometió, ya que la presunta víctima fue hallada posteriormente en un alojamiento. Juan relató que fue golpeado y asfixiado con una bolsa negra hasta perder el conocimiento en varias ocasiones. Desesperado por el sufrimiento, incluso rogó que lo mataran.

Policías implicados en contrabando

En otro hecho, cinco policías fueron enviados a prisión en Chuquisaca por facilitar el ingreso ilegal de un camión de contrabando a Sucre.

El caso, ocurrido en diciembre de 2024, involucra a oficiales que, según la Fiscalía, no solo permitieron el paso del vehículo cargado con harina de contrabando, sino que también lo protegieron. Como evidencia, existen mensajes y llamadas de WhatsApp que revelan su participación.

Robo y extorsión

El delito de robo también salpica a la institución policial. Un capitán de la Policía fue capturado por presuntamente liderar una banda de ladrones de vehículos en los valles cruceños.

Las investigaciones indican que el oficial proporcionaba uniformes y distintivos policiales a sus cómplices para hacerse pasar por autoridades y cometer los asaltos. Junto a él, otros tres implicados fueron arrestados.

En otro escándalo, un cambista en La Paz denunció haber sido extorsionado por efectivos del DACI. Inicialmente, los agentes debían investigar un atraco que sufrió, pero en lugar de ayudarlo, lo amedrentaron y le exigieron dinero.

Según la víctima, para evitar represalias, entregó 30.000 dólares a los policías a cambio de su “protección”. Sin embargo, también le confiscaron 600.000 bolivianos y 53.000 dólares, bajo el argumento de evitar su decomiso, con la promesa de devolver el dinero a su esposa. La Fiscalía ha identificado a cuatro agentes implicados en este caso y ya ha iniciado las investigaciones.

Favores a reclusos y armas en prisión

Las denuncias contra efectivos también incluyen el favorecimiento a internos de cárceles de máxima seguridad. Un policía fue aprehendido en La Paz tras revelarse que vendió un arma de fuego a un recluso brasileño en Chonchocoro por 4.000 bolivianos. Con ese arma, el interno asesinó a otro recluso en un ajuste de cuentas.

En otro caso, un mayor de la Policía fue arrestado por facilitar la fuga de un delincuente de la cárcel de Uyuni. Además, un capitán está implicado en la misma operación, según informó el comandante general Augusto Russo.

Respuesta institucional

Ante la gravedad de los hechos, el comandante policial intentó minimizar el impacto de las denuncias, señalando que la institución cuenta con 40.000 efectivos y que “tres o cuatro casos” no deberían dañar la imagen de toda la fuerza.

Sin embargo, aseguró que cualquier miembro de la Policía, sin importar su rango, será apartado de la institución si se prueba su participación en estos delitos.