La Procuraduría General de la República (PGR) denunció el martes al expresidente de Brasil, Jair Bolsonaro (2019-2022), por su participación en el intento golpe de Estado después de los comicios de 2022, cuando fue derrotado en las urnas por el actual mandatario del país, Luiz Inácio Lula da Silva.

El ente denunció formalmente al expresidente imputándole tres delitos: intento de golpe de Estado, abolición violenta del Estado Democrático de Derecho y liderar organización criminal armada.

La acusación representa el primer elemento para iniciar el proceso legal, y se formalizó ante el Tribunal Supremo Federal (TSF), que procesará para resolver si la acepta e imputa al representante de la ultraderecha brasileña.

El documento rubricado por el fiscal general, Paulo Gonet, consta de más de 200 páginas que alegan la responsabilidad de Bolsonaro como el líder de la estrategia golpista, que finalizó con el asalto, por parte de sus partidarios, a los inmuebles de los tres poderes del Estado en Brasilia, el 8 de enero de 2023.

«La organización tenía por líderes al propio presidente de la República y a su candidato a vicepresidente (en las elecciones de 2022), el general Walter Braga Netto», refirió el texto del fiscal general.

También añadió que las acciones que promocionaron, aceptaron, estimularon y realizaron actos tipificados y sancionados como delitos.

El fiscal general aportó al Supremo Tribunal Federal (STF) una denuncia contra 34 personas acusadas de incentivar y ejecutar actos contra los Tres Poderes y contra el Estado Democrático de Derecho. Los hechos se dividieron en cinco acusaciones.

Los imputados están responsabilizados ​​de ejecutar los siguientes delitos: organización criminal armada; intento de abolición violenta del Estado Democrático de Derecho; golpe de Estado; daño calificado con violencia y amenaza grave, contra los bienes de la Unión, y con perjuicio considerable para la víctima; deterioro del patrimonio.

Las imputaciones se fundamentan en manuscritos, archivos digitales, hojas de cálculo e intercambios de mensajes que revelan el esquema de ruptura del orden democrático. Asimismo, detallan el complot conspirativo articulado y ejecutado contra las instituciones democráticas.

Los organizadores eran el expresidente y su candidato a vicepresidente, conjuntamente a otras personas, entre civiles y militares, que intentaron impedir, de forma coordinada, que se cumpliera el resultado de las elecciones presidenciales de 2022.

En caso de que el TSF rechace la denuncia, la investigación será archivada, sin embargo, en caso de que sea aprobada por los 11 ministros del tribunal o por la Primera Salda del Tribunal, El exmandataria pasará a ser imputado y dará inicio el proceso penal en su contra.