La Defensoría del pueblo ha emitido un pronunciamiento que exige garantizar la vida y el diálogo, tras los hechos luctuosos en Cotapachi y Colcapirhua
Pronunciamiento:
Defensoría del pueblo exhorta garantizar la vida, investigar
los hechos y fortalecer la gestión de conflictividad tras los sucesos de
violencia en Colcapirhua
La Defensoría del Pueblo expresa su profunda preocupación
por los hechos de violencia ocurridos en el municipio de Colcapirhua, en
Cochabamba, que dejaron dos personas fallecidas, varios civiles y policías
heridos, además de personas aprehendidas. Estos sucesos vulneran gravemente el
derecho a la vida y la integridad, y evidencian un serio deterioro de la
convivencia democrática.
La institución defensorial recuerda que el Estado tiene la
obligación constitucional e internacional de proteger la vida y la seguridad de
todas las personas, debiendo actuar siempre bajo estándares de derechos
humanos. En ese marco, es imprescindible que el Estado articule de manera
inmediata las investigaciones sobre posibles responsabilidades institucionales
y operativas, así como la identificación de responsables individuales por las
consecuencias de estos hechos. Un esclarecimiento oportuno es esencial para
evitar la impunidad y recuperar la confianza ciudadana.
La Defensoría del Pueblo exhorta al Ministerio Público y a
la Policía Boliviana a realizar una investigación célere, idónea, exhaustiva e
imparcial, que determine las responsabilidades colectivas e individuales
conforme a los más altos estándares de debida diligencia.
Como Institución Nacional de Derechos Humanos, la Defensoría
está realizando el seguimiento integral de la conflictividad y verificando el
respeto a la dignidad humana, lo que incluye el acceso a atención médica de las
personas heridas, el respeto del debido proceso para las personas aprehendidas
y el acompañamiento a las investigaciones vinculadas con las personas
fallecidas. Toda la información recabada será sistematizada en un informe
defensorial que será puesto en conocimiento de las autoridades y de la
población para contribuir a la verdad, la justicia y la no repetición.
Finalmente, la Defensoría del Pueblo insta a las autoridades
nacionales, departamentales y municipales a fortalecer la gestión pública de la
conflictividad mediante mecanismos permanentes de diálogo y atención temprana
de las demandas sociales. Solo una acción estatal articulada y preventiva
evitará la escalada de tensiones y la repetición de hechos como los registrados
en Colcapirhua.
La Defensoría del Pueblo es una Institución Nacional de Derechos Humanos con estatus ‘A’, cuya función es velar por la vigencia, promoción, difusión y cumplimiento de los derechos humanos, individuales y colectivos, que se establecen en la Constitución Política del Estado, las leyes y los instrumentos internacionales, con independencia y autonomía plena, que, en el ejercicio de sus funciones, no recibe instrucciones de los órganos del Estado.
La Paz, 10 de diciembre de 2025.

