Por:     José María Herbas Postigo

Investigador y Consultor en Agua y Saneamiento

La Paz, mayo de 2026

El eje metropolitano de La Paz, que involucra a ocho municipios urbanos y periurbanos del Departamento, alberga a 500.000 conexiones de agua potable, más de 2.5 millones de habitantes beneficiarios del servicio, se encuentra en el umbral de su mayor desafío histórico. No se trata solo de una amenaza climática cíclica; es la convergencia de una alerta científica global emitida por la NOAA (Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica) y el monitoreo del SANAMHI (Servicio Nacional de Meteorología e Hidráulica), el colapso de los glaciares andinos y una operadora de agua, EPSAS S.A. Intervenida, debilitada por escándalos de corrupción y una parálisis en la inversión estructural por más de una década.

La matemática es simple y aterradora: la demanda ha superado a la oferta, y el margen de maniobra se agota.

La Alerta de la NOAA: El Niño no espera

De acuerdo con los últimos modelos de la NOAA, la probabilidad de que el fenómeno de El Niño se instaure plenamente entre mayo y julio de 2026 ha alcanzado un crítico 61%.

Para el Altiplano boliviano, esto no es solo una estadística; es el anuncio de una sequía meteorológica severa y un aumento de temperaturas que llegará hasta los meses de octubre y noviembre, 26-28°C en el área urbana y 28-30°C en el área rural, datos por encima del promedio histórico de 22°C. Científicamente, este calentamiento acelera la isoterma de 0 °C hacia altitudes mayores, sentenciando a los glaciares de la Cordillera Real, como el Tuni-Condoriri.

En 2026, estamos consumiendo los "ahorros" hídricos de las futuras generaciones. El aporte del deshielo, que históricamente compensaba la falta de lluvias, hoy es un recurso en declive que no podrá sostener el estiaje prolongado que se avecina para el segundo semestre del año.

Balance Hídrico: Una matemática que no cuadra

El balance entre lo que La Paz necesita y lo que sus sistemas pueden producir ha entrado en números rojos. Mientras el consumo metropolitano exige aproximadamente 77 millones de metros cúbicos al año, la oferta firme de los sistemas actuales (represas y pozos subterráneos) alcanza a 82 millones de millones anuales. A ello se resta la pérdida del 10% de agua muerta en las represas y el 30% de pérdidas por agua no contabilizada, debido a tuberías obsoletas y fugas físicas.

El déficit de 27.8 millones de metro cúbicos, entre la oferta y demanda de agua, es responsable de la baja presión que miles de vecinos perciben en sus hogares. Tragedia técnica que agrava la vida de alteños y paceños que se ven obligados a modificar sus hábitos y convivencia.

En este contexto, el Proyecto Multipropósito —la gran promesa para El Alto— enfrenta su propia prueba de fuego: si las cuencas de aporte también sufren por El Niño, su capacidad de mitigación será insuficiente para cubrir la brecha, peor aún si el anhelado proyecto continúa con problemas técnicos y sociales que postergan su conclusión.

Corrupción: El costo de la negligencia y la politización

La crisis de gestión en la Empresa Pública Social de Agua y Saneamiento (EPSAS) ha pasado de ser un problema administrativo a una amenaza de seguridad ciudadana. La reciente judicialización de exejecutivos por conducta antieconómica, vinculada a la compra irregular de tuberías con sobreprecio y fallas técnicas por un valor de Bs 15 millones, revela una realidad indignante: el dinero que debió usarse para renovar la red y evitar fugas fue desviado o malgastado.

Esta falta de inversión estructural ha dejado a la metrópoli sin "Plan B". Mientras ciudades modernas apuestan por sensores inteligentes y telemetría para gestionar cada gota, EPSAS lucha contra su propia obsolescencia. La intervención estatal, que debía ser temporal y técnica, se ha tornado política y opaca.

La ilegal y sostenida Intervención, promueve un manejo discrecional de los recursos desde el año 2013, facilitó la designación irregular de Interventores y permitió la corrupción descarada. 

El derecho al agua bajo amenaza

Bajo el Artículo 16 de la Constitución Política del Estado, el agua es un derecho humano fundamental. Sin embargo, en la gestión 2026, ese derecho pende de un hilo. La falta de transparencia en los niveles reales de las represas y la ausencia de un plan de contingencia claro para el fenómeno de El Niño ponen en riesgo no solo la higiene y la salud pública, sino la estabilidad social de la región más poblada de Bolivia.

Muchos coincidimos en que la solución ya no es solo esperar a que llueva. Se requiere una institucionalización inmediata de la empresa de agua, una auditoria técnica externa a las represas y un plan de choque para sellar las fugas que desangran los sistemas de distribución de agua potable.

Conclusión: Un Llamado a la asamblea.

La Paz y El Alto no pueden ser rehenes de la ineficiencia. La Alerta científica está dada y los datos técnicos están sobre la mesa. La ciudadanía, a través de sus asambleas vecinales y representantes, deben exigir que el agua deje de ser un botín y sea un servicio técnico eficiente. El Niño 2026 está a las puertas, y esta vez, la excusa de la “sorpresa” climática” como el año 2016 ya no es válida. El tiempo de actuar es ahora, antes de que el silencio de los grifos se convierta en el sonido de una nueva crisis hídrica.