El Gobierno de Javier Milei creó y puso en actividad este jueves una Oficina de Respuesta Oficial. Su función será, según detalló el presidente en sus redes sociales, “desenmascarar mentiras y operaciones de los medios”. La iniciativa se produce en un contexto de tensa relación entre el Gobierno ultra y el periodismo. Esta semana, la organización Human Rights Watch (HRW) ha advertido sobre el uso por parte de Milei y sus funcionarios de “una retórica hostil para estigmatizar a los periodistas”.

La nueva oficina estatal depende de la Secretaría de Comunicación de la Casa Rosada y está a cargo de Juan Pablo Carreira, director de Comunicación Digital de la Presidencia. Su lanzamiento fue anunciado a través de un posteo en la red social X. “La Oficina de Respuesta Oficial de la República Argentina fue creada para desmentir activamente la mentira, señalar falsedades concretas y dejar en evidencia las operaciones de los medios y la casta política”, indica el comunicado oficial. Y añade que la nueva entidad existe “para que la desinformación no quede sin respuesta y para que la verdad vuelva a ser información”.

Tanto Milei como varios de sus ministros celebraron el lanzamiento con mensajes de apoyo y adhesión. “Dado que buena parte de las personas que dicen ser periodistas no quieren ejercer la profesión con responsabilidad, ahora se van a encontrar con una respuesta oficial del Gobierno que señale sus mentiras”, indicó el poderoso asesor presidencial Santiago Caputo, uno de los líderes de los activistas libertarios en espacios digitales.

En las redes sociales, los críticos de la iniciativa la emparentaron con el Ministerio de la Verdad imaginado por el escritor George Orwell (1903-1950) en su famosa novela 1984. Otros destacaron su similitud con Rapid Response 47, “la cuenta oficial de respuesta rápida de la Casa Blanca”, que opera en la red X en respaldo de Donald Trump. El Foro del Periodismo Argentino (Fopea) se pronunció en rechazo a la oficina anunciada por Milei porque, declaró, “el Gobierno no puede erigirse como un tribunal de la verdad”.

El debut de la Oficina de Respuesta Oficial fue una réplica a una nota del diario Clarín sobre la conversión de los planes sociales en programas de capacitación, calificada como “burda operación” por la nueva dependencia del Gobierno. Su segunda intervención fue un cuestionamiento a las expresiones de la legisladora de izquierda Vanina Biasi, quien había denunciado “sanciones y suspensiones” a trabajadores del Hospital de Pediatría Juan Garrahan por haber protestado contra el ajuste presupuestario.

“Siempre es auspicioso que cualquier Estado disponga nuevos canales para el acceso a la información pública”, dice Diego de Charras, docente e investigador en derecho a la información y políticas de la comunicación. “Pero en el caso del Gobierno argentino”, agrega, “uno puede mirar con escepticismo la creación de una oficina que se presenta como un canal que va a brindar la verdad a la ciudadanía”.

De Charras, actual vicedecano de la Facultad de Ciencias Sociales (UBA), recuerda que Milei “aumentó la opacidad y la arbitrariedad de los funcionarios en el tratamiento de la información pública” con un decreto que limitó las obligaciones previstas por ley. También destaca que “en estos momentos, el Gobierno está impulsando un proyecto de reforma laboral que intenta derogar el estatuto del periodista profesional”. Y concluye: “La vinculación de este Gobierno con los trabajadores de la comunicación y el periodismo está caracterizada por el agravio verbal, por el agravio físico o la persecución judicial con causas penales a aquellos que opinan de modo diferente. Entonces, con esta nueva oficina se puede presumir que no hay una búsqueda de la verdad, sino una búsqueda de imposición de la propia mirada”.

Milei disputa una batalla personal contra la prensa desde que llegó al Gobierno en 2023. Suele repetir que los periodistas que lo critican son “ensobrados” (por los sobres en que recibirían sobornos) y miembros de “la casta”, el difuso y cambiante conjunto donde incluye a sus enemigos. Hasta ahora, el presidente se ha negado a realizar ruedas de prensa y la mayor parte de las entrevistas concedidas han sido con medios o periodistas que considera afines. Entre otras medidas, cerró la agencia estatal de noticias (Télam) y proclamó la suspensión de la publicidad oficial en medios de comunicación, aunque la ha sostenido a través de empresas controladas por el Estado.

En el último informe anual de Human Rights Watch, publicado este miércoles, el apartado sobre libertad de expresión en Argentina señala que “el presidente Milei y altos funcionarios del Gobierno han utilizado una retórica hostil para estigmatizar a los periodistas”. El documento resalta que “Milei ha dicho en repetidas ocasiones que los argentinos ‘no odiamos lo suficiente a los periodistas’ y ha acusado a los periodistas, sin pruebas, de recibir sobornos”.