En la diversidad productiva de Bolivia, la producción del grano de soya como parte del complejo oleaginoso no solo impulsa la economía del país, sino que también sustenta la cadena alimentaria nacional. Con una vibrante industria de procesamiento y miles de productores, el complejo soyero boliviano se posiciona como un actor clave en el escenario sudamericano, aunque no está exento de desafíos que requieren una visión estratégica a largo plazo.

El complejo productivo de oleaginosas es uno de los motores industriales más relevantes en Bolivia, con 43 industrias privadas, 10 grandes, 12 medianas y 21 pequeñas, y recientemente se incorpora una nueva industria estatal. Estas industrias poseen una capacidad instalada de molienda de grano de 5,37 millones de toneladas al año, una cifra que habla del potencial boliviano en la región. Sin embargo, en 2024, de esta capacidad, apenas se utilizó un 48,5%, revelando un margen significativo para la expansión y la optimización. La producción de grano de soya alcanzó las 2,78 millones de toneladas de las cuales 2,60 millones de toneladas fueron acopiadas por la industria y el resto fue exportada por los productores y otras empresas, como grano. Esta brecha entre la producción y la capacidad instalada de molienda resalta la necesidad de aumentar la producción de materia prima, un desafío crucial para el futuro del sector y el país.

La transformación industrial es el corazón de este complejo.

De la soya se derivan productos importantes, particularmente para el sector pecuario. En la gestión 2024, la industria oleaginosa ha producido: 1,7 millones de toneladas de torta de soya solvente, 139 mil toneladas de harina integral de soya, 85 mil toneladas de cascarilla de soya, 459 mil toneladas de aceite crudo y 183 mil toneladas de aceite refinado. Estos subproductos de la soya no solo se exportan a mercados internacionales, sino que son esenciales para la seguridad alimentaria de Bolivia.

El año 2024, el sector oleaginoso ha logrado exportar casi mil millones de dólares y en la gestión 2025, hasta el mes de abril, ya llegó a acopiar 1,9 millones de toneladas de grano, estimándose poder alcanzar una producción cercana a los 3 millones de toneladas de grano en la presente gestión, estos datos confirman la recuperación de este importante sector que, al mes de abril del 2025, exportó más de 211 millones de dólares.

Destino de la producción y actores principales

El 80% de la torta de soya producida por la industria oleaginosas se destina a la exportación, mientras que el restante 20% abastece al mercado interno nacional, a más de 14.700 productores pecuarios, conformado por más de 13 mil granjas lecheras, 1.500 granjas avícolas, y 200 granjas porcinocultores. Asimismo, la cascarilla de soya se vende en su totalidad a los productores lecheros, El aceite crudo, por su parte, se transforma en aceite refinado para el consumo de los hogares bolivianos, asegurando un ingrediente esencial en la dieta diaria.

Sin embargo, la estructura del mercado revela una concentración donde seis industrias oleaginosas controlan casi el 85% de la producción de subproductos de soya y un pequeño porcentaje de productores controlan aproximadamente el 50% de la producción de grano. Esta situación demanda la importancia de establecer políticas que fomenten la equidad y la diversificación en el complejo oleaginoso.

Esta situación hoy en día permite a unos pocos actores del complejo oleaginoso controlar desde el acopio del grano hasta la fijación de precios, relegando a la gran mayoría de pequeños y medianos productores a un rol secundario y dependiente. La fuerte presencia de intermediarios que se incrementaron estos últimos años, solo aumenta la desigualdad en detrimento de quienes realmente trabajan la tierra y producen el grano de soya.

SAN JULIAN: un paso audaz hacia la soberanía alimentaria

El gobierno boliviano ha implementado bandas de precios para los subproductos de soya, buscando garantizar el abastecimiento a un costo justo para los productores pecuarios, para que la carne de pollo, carne de cerdo, leche, huevo y aceite puedan llegar a un precio justo el consumidor final. Estas bandas de precios para la harina de soya solvente e integral, y la cascarilla, se establecen considerando el 85% del valor del grano y un 13% de impuestos que paga la industria. Por ejemplo, para el primer semestre de la gestión 2025, la torta de soya tiene un rango entre 467 y 491 dólares por tonelada y la cascarilla un precio máximo de 80 dólares la tonelada. En el caso del aceite refinado, se consideran los precios promedio mensuales de exportación menos los costos logísticos, con un precio al consumidor final de Bs 14 por 900 ml y Bs 13 por litro agranel. Esta intervención busca equilibrar los intereses de productores, industrias y consumidores, asegurando que la volatilidad de los mercados internacionales no impacte desproporcionadamente en los bolsillos de los bolivianos.

Como se puede observar, esta política NO perjudica la producción y el proceso de exportación de los subproductos de soya porque solo se destina el 20% al abastecimiento al mercado interno, más bien se cuida la economía del pueblo, en la medida que exista mayor producción y transformación de grano soya el porcentaje requerido para el abastecimiento al mercado interno disminuirá.

En la actual coyuntura es necesario analizar otras medidas que puedan fortalecer el abastecimiento al mercado interno a precio justo, siendo la implementación de una bolsa agropecuaria una opción que pueda reemplazar la banda de precios sin perder el norte de la seguridad alimentaria.

Por la necesidad de reducir la dependencia de un "oligopolio" en la producción de subproductos de soya y garantizar el abastecimiento a precios justos, el Gobierno Nacional, ha catalizado una iniciativa clave: la construcción de la Planta de Extracción de Aceite y Subproductos de Soya en San Julián. Esta planta, tiene una capacidad de molienda de 1.000 toneladas de grano de soya por día, por tanto, puede procesar 330 mil toneladas anuales. Sus objetivos son ambiciosos: producir 244.200 toneladas de torta de soya al año, estimándose cubrir el 74% del consumo nacional del sector avícola, porcino y lechero; 16.500 toneladas de cascarilla para el sector lechero; y una capacidad total de producción de aceite refinado de 62 miltoneladas al año, equivalente a 67,3 millones de litros de aceite comestible, cubriendo al menos el 80% del consumo anual de las familias bolivianas que asciende a más 75mil toneladas anuales de aceite. En este sentido, la población boliviana y los productores pecuarios son los más beneficiados con la implementación de esta estratégica industria, además, va a incrementar el porcentaje de exportación de la industria oleaginosa, quedando como un desafío importante mejorar los rendimientos para incrementar la producción de grano de soya, para lo cual, se deben tomar acciones de fortalecimiento al sector en todos los departamentos aptos para este cultivo, como ser Santa Cruz, Beni y el norte de La Paz.

La biotecnología: un catalizador para el futuro productivo

Para cerrar la brecha entre la producción de grano y la capacidad industrial instalada, así como para mejorar la competitividad del sector soyero boliviano, la introducción y el desarrollo de la biotecnología se presenta como un imperativo estratégico para enfrentar los desafíos que actualmente limitan el rendimiento del grano de soya.

La introducción de biotecnología permitiría la creación de cultivos más tolerantes a condiciones climáticas adversas, como sequías o inundaciones, fenómenos cada vez más recurrentes debido al cambio climático. Esto garantizaría cosechas más estables y predecibles, fundamentales para el abastecimiento continuo de la industria. Pero, paralelamente, el Gobierno nacional, a través de una nueva entidad o la restructuración del INIAF, debe impulsar la investigación y aplicación de técnicas biotecnológicas para que en el mediano plazo Bolivia tenga variedades de soya más resistentes a plagas y enfermedades endémicas, reduciendo la necesidad de agroquímicos y minimizando pérdidas en el campo.

Además, la biotecnología puede potenciar el rendimiento por hectárea, un factor crucial dado que la producción de soya en 2024 fue insuficiente para la capacidad de molienda del país. Variedades mejoradas genéticamente podrían ofrecer mayores volúmenes de grano por superficie cultivada, optimizando el uso de la tierra y los recursos hídricos. A largo plazo, esto no solo incrementaría la disponibilidad de materia prima para la industria oleaginosa, sino también fortalecería la posición de Bolivia en el mercado internacional, abriendo nuevas oportunidades de exportación de grano y subproductos con valor agregado.

Finalmente, la adopción de biotecnología en el cultivo de soya podría traducirse en una mayor eficiencia en la producción, lo que potencialmente reduciría los costos para los productores y, por ende, influiría positivamente en la estructura de precios de los subproductos. Esto complementaría los esfuerzos del Gobierno para garantizar precios justos y estables para el consumidor final, consolidando la seguridad alimentaria del país.

Pero existe un riesgo claro: si no se democratiza su acceso, la biotecnología solo reforzará la concentración actual. ¿Quiénes tendrían acceso a las semillas mejoradas? ¿Quiénes controlarían la genética y los beneficios?

La biotecnología puede ser una herramienta de soberanía o de dependencia, según cómo se implemente. Si se integra con políticas públicas que prioricen a pequeños productores, cooperativas y comunidades indígenas, puede ser una palanca de justicia productiva. Pero si queda en manos de los mismos de siempre, se consolidarán monopolios y acelerará el despojo de tierras del pequeño productor.

Por lo tanto, la industrialización debe continuar profundizando la democratización del acceso a la tierra, capital y tecnología paro que no se perpetúen desigualdades que comprometen la soberanía alimentaria y el desarrollo económico de Bolivia. El modelo económico social comunitario productivo debe ajustarse para que se priorice la eficiencia económica con la justicia social con la participación de todos los actores y fomentando alianzas públicas y privadas justas y complementarias, donde la intervención del Estado debe ser estratégica, planificada, un regulador inteligente, promotor de innovación, brindando seguridad jurídica y corrector de desigualdades extremas, pero evitando burocracias asfixiantes, buscando siempre el equilibrio entre la eficiencia económica y la equidad social.