Han transcurrido casi ocho meses desde que se emitió una orden de aprehensión contra Evo Morales por un presunto caso de trata de personas, y hasta la fecha esta no ha sido ejecutada. El exmandatario permanece resguardado en el trópico de Cochabamba, rodeado por cientos de seguidores que aseguran estar dispuestos a impedir cualquier intento de detención.

En octubre de 2024, la fiscal departamental de Tarija, Sandra Gutiérrez, anunció públicamente que se había emitido una orden de aprehensión contra Morales, quien fue acusado de mantener una relación con una menor de edad, con quien supuestamente tuvo una hija durante su mandato presidencial. Sin embargo, la Policía no cumplió la orden.

En enero de este año, un juez declaró a Morales en “rebeldía” por no asistir a la audiencia programada, ordenando su captura y el arraigo correspondiente. La defensa del líder del MAS minimizó el fallo.

A fines de abril, la jueza Lilian Moreno Cuéllar, de Santa Cruz, anuló las disposiciones judiciales de Tarija y trasladó el caso a Cochabamba, a pesar de que la denuncia corresponde al sur del país. Poco después, esa decisión fue revocada por otro juez, y la jueza Moreno fue detenida y procesada por prevaricato. La justicia ratificó que la orden de aprehensión contra Morales sigue vigente.

El Gobierno justifica la inacción

Este miércoles 4 de junio, el ministro de Gobierno, Roberto Ríos, confirmó que la orden judicial continúa activa, pero admitió que no ha sido ejecutada debido al entorno en el que se encuentra Morales: fuertemente protegido por simpatizantes en el trópico cochabambino.

“En un Estado democrático no podemos poner en riesgo la vida de las personas. Respetamos el derecho a la vida, por lo que esta operación debe realizarse sin causar daños colaterales”, declaró la autoridad en una entrevista con UNITEL.

Esta semana, el medio brasileño Récord publicó un reportaje que muestra a Morales rodeado de centenares de seguidores armados con lanzas y escudos, quienes aseguran que defenderán a su líder ante cualquier intento de detención.

Desde octubre de 2024, Morales no ha sido visto fuera de esa región, en lo que el Gobierno ha descrito como una “detención voluntaria”.

El caso judicial

La orden de aprehensión surge tras una denuncia por el presunto delito de trata de personas. La Fiscalía considera que existen indicios de que Morales mantuvo una relación con una menor de edad durante su gestión como presidente.

El expresidente y su entorno niegan los hechos y aseguran que se trata de una persecución política destinada a impedir su participación en las elecciones generales.

La orden judicial busca que Morales comparezca ante el juez que dirige la causa. En la misma audiencia donde se emitió dicha orden, el juez lo declaró oficialmente “rebelde”.