En Bolivia, las empresas públicas no son simples unidades económicas: son herramientas de liberación, redistribución y transformación estructural. Son la expresión concreta de un Estado que no se resigna solo a ser espectador del mercado, sino que actúa como protagonista del desarrollo, garante de derechos y constructor de soberanía. Su impacto por tanto se visibiliza desde la producción de la materia prima, la industrialización de recursos naturales, comercialización a precio justo, redistribución de ingresos, la generación de empleo y la dinamización de las economías locales.

Industrialización con rostro boliviano

Hasta el año 2019, se establecieron 57 empresas públicas y más de 143 plantas industriales en 82 municipios del país, en sectores estratégicos como hidrocarburos, minería, energía, telecomunicaciones, transporte y alimentación.

En el periodo 2021-2024, este proceso ha dado un salto cualitativo y cuantitativo con un presupuesto de más de 32 mil millones de bolivianos; se ha iniciado la construcción e implementación de más de 190 nuevas plantas industriales (64 de ellas administradas por las instituciones dependientes del MDPyEP,  12 por MDRyT, 8 por MHyE, 3 por MMyM, 2 por UPRE de MP, 108 por el MPD y FPS a través de fondo concursable FOCIPP siendo encargados de su operación los Gobiernos Municipales); la creación de 5 empresas públicas  (LIFAB, IBQ, IBAE, KOKABOL y B-AGRO), con el propósito de que la producción pueda cubrir el mercado interno sustituyendo importaciones, generar excedentes para su exportación y dinamizar las economías regionales.

Esta política de industrialización está ligada al desarrollo territorial y aprovecha las potencialidades productivas de cada región, la misma ha permitido consolidar proyectos como las Plantas de: Amoníaco y Urea (2017), Biodiésel (2023), Producción de Subproductos de Soya (2024), Transformación de Camélidos (2024), Almacenamiento y Transformación de Cereales en La Paz (2024) y Complejo Siderúrgico del Mutún (2025), además, de Plantas Procesadoras de Lácteos entre otras industrias importantes que están en etapa de construcción o implementación. Asimismo, están en proceso de construcción diversas plantas de alimentos, la industria farmacéutica, química básica, fertilizantes, extracción de aceite de palma, vidrio, carne, piscícolas, centros de acopio (silos), productos Amazónicos y del Chaco entre otros, que fueron demandas históricas de industrialización como por ejemplo la planta de transformación de camélidos en Oruro, la de subproductos de soya en Santa Cruz y la de frutos amazónicos en Pando.

El Rostro Humano de las Empresas Públicas: Redistribución y Lucha Contra la Pobreza

Las empresas públicas en Bolivia son catalizadoras de la dinamización económica, por ejemplo, el año 2024, generaron más de Bs 2.400 millones en utilidades netas y más de Bs 46.600 millones en ingresos. Estas entidades no sólo impulsan la industrialización y la seguridad alimentaria, sino que transforman sus utilidades en un motor de redistribución de la riqueza. La prueba más contundente es su aporte colectivo de Bs 477,5 millones en 2024 para el Bono Juancito Pinto, beneficiando a 2,34 millones de estudiantes en todo el país. Un reflejo directo de cómo los excedentes generados por las empresas públicas reinvierten en el capital humano, asegurando que el crecimiento económico se traduzca en una prosperidad inclusiva y un futuro más prometedor para millones de estudiantes bolivianos.

Empresas públicas como por ejemplo CARTONBOL, ECEBOL y EBA, no sólo generan valor agregado a las materias primas, sino que transforman excedentes económicos en oportunidades educativas. Cada caja de cartón, cada bolsa de cemento, cada leche, miel o fruta procesada se convierte en un acto de justicia social, asegurando que miles de niñas y niños permanezcan en las aulas. De esta forma, la industrialización estatal no sólo genera riqueza, también redistribuye dignidad.

El bono no proviene de impuestos, sino del corazón productivo del Estado: 25 empresas públicas convirtieron su crecimiento del 34.4% (2023-2024) en el instrumento más efectivo contra la deserción escolar, además de transformar la materia prima, adquirir dicha materia prima a precios justos de los productores, proveer esa producción al mercado interno y también destinar a su exportación, este es el círculo virtuoso de la industrialización.

Algunos analistas y políticos denotan su desconocimiento sobre presupuesto gubernamental, al señalar de manera errónea que el Tesoro General de la Nación subvenciona a las empresas públicas y tendrían supuestamente, resultados negativos, cuando no es así. La Empresa Boliviana de Alimentos y Derivados (EBA), por ejemplo, el año 2024, generó recursos corrientes por Bs 442.645.686 y obtuvo un resultado positivo del ejercicio de Bs 2.746.526 en el mismo año; en el caso de Cartones de Bolivia (CARTONBOL) mostró un crecimiento robusto en sus recursos corrientes, alcanzando Bs 38.481.252 en 2024, su resultado del ejercicio mejoró de Bs 920.916 en 2023 a una utilidad de Bs 1.627.666 en 2024, reflejando una mayor eficiencia operativa pese al aumento en los costos de bienes y servicios. Lógicamente estos ingresos que constituyen recursos propios de las empresas públicas tienen que registrarse en el Presupuesto General de la Nación, para que posteriormente sean transferidas a las mismas empresas, pero eso no significa de ninguna manera, que estén subvencionadas con recursos del Estado; estas empresas viven con los recursos que generan por la venta de sus productos.

Además, todo estudiante de contabilidad sabe que las empresas que realizan grandes inversiones industriales, su depreciación de activos fijos tiene un impacto en la reducción de las utilidades durante los primeros años de inicio de operaciones, incluso hasta alcanzar su maduración o punto de equilibrio como están descritos en sus planes de inversión o estudios de factibilidad.  Como se conoce empresas públicas o privadas después de realizar altas inversiones iniciales tienden a generar pérdidas en los primeros años, hasta lograr su consolidación en el mercado.

Dinamización de las economías locales

Cada planta industrial construida por el Estado no es sólo una fábrica: es un motor que enciende la economía local y regional. Desde la Amazonía hasta el Altiplano, las empresas públicas han generado más de 41.000 empleos directos e indirectos, impulsando el consumo local, fortaleciendo cadenas productivas y creando nuevas oportunidades y emprendimientos que se articulan a las plantas industriales estatales. El salario de un trabajador de ENVIBOL en Zudáñez, el proveedor de arroz de EMAPA en San Andrés o la comunidad recolectora de almendras que abastece a EBA en Pando, los productores de camélidos en Turco que venderán sus llamas a la Industria de Camélidos, o los piscicultores que venderán a las Plantas Piscícolas en lago Titicaca, Villamontes y Rurrenabaque, todos ellos forman parte de un ecosistema económico que se expande desde lo público hacia lo comunitario. Esta es la Bolivia que produce, que transforma y que redistribuye: una economía que no se concentra en los centros de poder o en pocas manos, sino que florece en cada región con identidad, empleo y dignidad.

Las empresas públicas son una conquista del pueblo boliviano, porque prioriza la vida sobre la ganancia, la inclusión sobre la exclusión, la soberanía sobre la dependencia, por eso es importante concretar la implementación y poner en operaciones estas plantas industriales estatales.

Frente a las propuestas de privatización y cierre de algunos candidatos, éstos deben analizar con mayor propiedad el rol y la importancia de las empresas públicas en el desarrollo de la economía local y nacional; puesto que las mismas, de manera paulatina están logrando resultados de crecimiento  y generan ingresos económicos, porque donde otros ven déficit o gasto, el pueblo trabajador ve inversión social y oportunidad de desarrollo sin ser explotados.