La noche del jueves, el Ministerio de Gobierno presentó el documental “¿Qué pasó el 26J?”, una producción audiovisual de más de una hora de duración que busca exponer los presuntos vínculos entre analistas, activistas y figuras políticas de oposición con la toma militar de la plaza Murillo, ocurrida el 26 de junio de 2024. Según el Gobierno del presidente Luis Arce, aquel episodio constituyó un “intento fallido de golpe de Estado”, cuyo objetivo habría sido detener o incluso asesinar al mandatario.

En el video se señala que existieron supuestos nexos entre miembros de las Fuerzas Armadas y figuras como Erick Foronda, exsecretario de la expresidenta Jeanine Áñez; funcionarios de la Embajada de Estados Unidos; y el diputado opositor de la alianza Creemos, Richard Rivera.

El material audiovisual, elaborado con base en más de 300 declaraciones y documentos oficiales, sostiene que el plan golpista fue encabezado por el entonces comandante del Ejército, Juan José Zúñiga, y presuntamente estructurado por el activista Fernando Hamdan. Durante el evento de presentación, realizado en el Banco Central de Bolivia (BCB) en La Paz, estuvo presente el propio presidente Arce.

Uno de los aspectos más polémicos del documental es la revelación de una supuesta lista con los nombres del posible gabinete del "gobierno militar de emergencia", en caso de haberse consumado el golpe. En la nómina figuran reconocidos analistas como Gonzalo Chávez (Economía), Jhosua Bellot (Planificación), Paul Coca (Obras Públicas), José Luis Álvarez (Educación), Armin Lluta (Desarrollo Productivo), Ana María Morales (Justicia), Jaime Dunn (presidente del BCB), y Jorge Valda (Justicia o Fiscalía General).

El economista y asesor financiero Jaime Dunn, incluido en la lista, rechazó categóricamente estas acusaciones, calificándolas como “totalmente falsas” y denunció que el documental refleja el intento del Gobierno de “amedrentar, silenciar a la oposición y perseguir a quienes se atreven a decir la verdad”.

El documental detalla que en la operación del 26 de junio participaron 16 unidades militares y 918 efectivos, entre comandantes, subcomandantes, instructores y soldados. Asimismo, se movilizó un arsenal compuesto por 438 armas, incluyendo fusiles, pistolas, lanzagranadas y ametralladoras.

También se cuestiona el papel del expresidente Evo Morales, quien alertó sobre el movimiento militar minutos antes de que se iniciara. Se hace mención a declaraciones de su exministro Juan Ramón Quintana, quien admitió conocer del traslado de tanquetas al Estado Mayor días antes del suceso.

Arce y la controversia sobre el "intento de golpe"

Durante el evento, el presidente Luis Arce reafirmó que su gobierno enfrentó una “asonada golpista”, y aseguró que logró neutralizarla “gracias a la unidad del pueblo boliviano”.

Las imágenes del 26 de junio muestran a Arce confrontando personalmente a Zúñiga en la entrada del Palacio de Gobierno. Sin embargo, horas después, surgieron dudas sobre la veracidad del supuesto golpe. Observadores y críticos se preguntaron, por ejemplo, cómo fue posible que el ministro de Gobierno, Eduardo Del Castillo, enfrentara a Zúñiga sin mayor resistencia, en medio de lo que se suponía era un levantamiento militar violento.

Estas inconsistencias alimentaron versiones que apuntan a un montaje político, una hipótesis que el propio Zúñiga sostuvo tras su aprehensión, afirmando que actuó bajo órdenes del presidente Arce con el propósito de elevar su popularidad.

“La administración nacional está comprometida con la defensa de la democracia y con garantizar que el pueblo boliviano viva en libertad, pueda expresarse sin miedo y decidir su destino”, declaró Arce tras la proyección del documental.

El vicepresidente David Choquehuanca, por su parte, sostuvo: “Estábamos dispuestos a todo para defender a nuestro pueblo y la democracia”.

La defensa de Zúñiga pide ampliar sus declaraciones

La defensa legal del general Zúñiga ha solicitado la ampliación de sus declaraciones ante la justicia y denunció presiones para que se incrimine al excomandante del Ejército. Según su versión, fue el propio presidente quien habría ordenado el despliegue militar en su contra, con fines políticos.

El caso continúa generando controversia, tanto por el contenido del documental como por la interpretación de los hechos ocurridos aquel 26 de junio. Mientras el Gobierno insiste en que se trató de un intento de golpe de Estado, sectores de la oposición y parte de la opinión pública sostienen que todo podría haber sido parte de una estrategia cuidadosamente orquestada.