La senadora Silvia Salame anunció que ha presentado una denuncia penal por la vía ordinaria contra los magistrados del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) que continúan en funciones de manera autoprorrogada. La acción legal se fundamenta en la presunta comisión de delitos comunes, entre ellos falsedad material y usurpación de funciones.

El delito de falsedad material se relaciona con una sentencia del TCP que anuló parcialmente una sesión de la Asamblea Legislativa llevada a cabo en junio de 2023 por el presidente del Senado, Andrónico Rodríguez. En ese fallo, el tribunal invalidó la ley que disponía el cese de sus funciones, pero al mismo tiempo validó la aprobación de un crédito de 174 millones de dólares realizada en esa misma sesión.

Salame cuestiona que la sentencia lleve fecha del 27 de diciembre de 2024, pero haya sido notificada recién en marzo de 2025. Además, observa que el documento sólo cuenta con la firma de los cinco magistrados autoprorrogados, cuando al cierre de 2024 aún ejercían funciones los nueve tribunos con mandato extendido.

La denuncia también incluye el cargo de usurpación de funciones, ya que la legisladora considera que los magistrados prorrogados continúan en sus cargos sin contar con respaldo legal ni legitimidad constitucional.

La senadora aclaró que interpuso la denuncia por delitos comunes y no por corrupción, con el fin de evitar que el caso sea remitido a la vía del juicio de responsabilidades. A su juicio, los magistrados autoprorrogados no deberían gozar de privilegios procesales especiales.

Finalmente, Salame explicó que decidió presentar la denuncia a título personal, ante la falta de acción por parte del Senado, a pesar de que existía una resolución plenaria que instruía dicho procedimiento.