El presidente Donald Trump ordenó este lunes el despliegue de 700 marines y 2.000 guardias nacionales adicionales en Los Ángeles, en respuesta a las violentas protestas desatadas contra las redadas migratorias. La medida, que eleva a más de 4.000 los efectivos federales en la ciudad, ha sido calificada por el gobernador de California, Gavin Newsom, como un intento de "provocar el caos".

En un mensaje en X (antes Twitter), Newsom acusó a Trump de "enviar soldados a suelo estadounidense para enfrentarse a compatriotas", tachando la decisión de "demente y dictatorial". La movilización, una de las mayores en décadas, se produce tras cuatro días de disturbios en los que manifestantes incendiaron vehículos, saquearon comercios y se enfrentaron a la policía, que respondió con gases lacrimógenos y balas de goma.

Tensiones en aumento

Los Ángeles, la segunda ciudad más grande de EE.UU. y con una importante población latina, vive un clima de creciente confrontación. Mientras Trump asegura que los disturbios son obra de "agitadores profesionales e insurrectos", residentes como Kelly Diemer (47 años) denuncian que las tropas "no están para protegerles, sino para atacarles".

"Si continúan, recibirán un golpe más fuerte que nunca", advirtió Trump en redes sociales, tras afirmar que algunos manifestantes escupieron a los soldados. Sin embargo, la alcaldesa Karen Bass (CNN) matizó que no se trata de un "levantamiento civil generalizado", destacando que la mayoría de las protestas han sido pacíficas

Críticas y cuestionamientos

El despliegue, que omitió la coordinación con autoridades locales, ha generado rechazo incluso dentro de las fuerzas de seguridad. El jefe de la policía de Los Ángeles, Jim McDonnell, alertó sobre los "riesgos de confusión" al introducir tropas federales sin planificación.

Además, reportes del San Francisco Chronicle revelaron que algunos guardias nacionales dormían en el suelo de edificios federales, ante la falta de fondos para alojamiento. "No hay recursos para comida, agua o combustible", denunció una fuente anónima.

Impacto migratorio y reacciones internacionales

Las redadas del ICE (Servicio de Inmigración) se centraron supuestamente en miembros de cárteles mexicanos y colombianos, pero decenas de detenidos son migrantes comunes. Las autoridades mexicanas confirmaron el arresto de 40 de sus ciudadanos, mientras la presidenta Claudia Sheinbaum exigió que se respete el "debido proceso y la dignidad humana".

La ONU advirtió contra la "militarización" de la crisis, en un escenario que recuerda a los disturbios raciales de 1965, la última vez que se desplegó la Guardia Nacional sin aprobación estatal.