El Gobierno de Venezuela se sumó este sábado a las expresiones de condena y rechazo a la detención sorpresiva del exmandatario boliviano Luis Arce Catacora, el pasado miércoles en La Paz, Bolivia, por presunto desfalco en un fondo estatal destinado a comunidades indígenas, según ha alegado el Ministerio Público de dicho país sudamericano.

Arce fue detenido en la vía pública, por un grupo de encapuchados que le introdujeron en un vehículo, y solo posteriormente fue informado de su detención y las investigaciones de que es objeto.

A propósito de estos acontecimientos en el Estado Plurinacional de Bolivia, Venezuela advierte sobre el uso selectivo del aparato judicial como herramienta de confrontación política, una práctica que ya ha sido empleada en muchas ocasiones por la extrema derecha en la región bajo esquemas de lawfare, afirma el comunicado.

El Gobierno bolivariano asegura que estas estrategias dañan «gravemente la credibilidad de las instituciones bolivianas, distorsiona la democracia y profundiza la polarización social» y hace pública su alerta a seguir de cerca la realidad boliviana.

En su texto, compartido por el Canciller Yván Gil en Telegram, la República Bolivariana expresa su acompañamiento y solidaridad al pueblo boliviano ante estas acciones del nuevo Gobierno que lidera el ultraderechista Rodrigo Paz.

Luego de la detención, exministra de la Presidencia, María Nela Prada, denunció lo que consideró un «secuestro» de Luis Arce por parte de encapuchados, quienes informaron al expresidente de su aprehensión cuando ya se encontraba en la prisión. Nela asegura que la detención se ejecutó incumpliendo el procedimiento penal, sin notificación previa, sin citación y sin informarle sobre la investigación en curso.

El testimonio de la exministra entra en sintonía con las denuncias que alertan sobre un posible nuevo caso de persecución política contra figuras de la izquierda regional ante el auge de Gobiernos de derecha en varios países del continente.

De acuerdo con la Fiscalía boliviana, los hechos imputados a Arce corresponden al periodo en que fungía como ministro, antes de asumir la jefatura del Estado. De acuerdo con el Ministerio Púbico de ese país, el caso sobre el ex Fondo de Desarrollo Indígena incluye “supuestos hechos de corrupción en los que se habrían dispuesto recursos económicos en montos significativos”, en los que estarían implicados también otros funcionarios.