Por: José María Herbas Postigo | Investigador y Consultor en Agua y Medioambiente

Bolivia transita por un punto de inflexión histórica donde el asfalto de las carreteras, aún tibio por los recientes 50 días de parálisis de transporte y bloqueos, amenaza con volver a arder. A siete meses de haber asumido la conducción del Estado, el gobierno del presidente Rodrigo Paz Pereira lidera un viraje doctrinario de 180° que ha transformado la crisis de escasez de divisas en un laboratorio de reformas de libre mercado. Lo que comenzó como una promesa electoral de transición ordenada y centrista, hoy se ejecuta mediante terapias de shock técnico que colisionan directamente con la memoria histórica de un país estructuralmente movilizado. Bajo el amparo de un Estado de Excepción por 90 días, las preguntas de fondo emergen con urgencia: ¿Se está saneando la economía o se está desmantelando silenciosamente la soberanía nacional frente a las presiones del entorno internacional?

El Espejo Regional y el Desembarco de Intereses Externos

La nueva orientación de la política pública boliviana parece reproducida de los manuales de desregulación agresiva aplicados en la vecina Argentina. El pilar de esta estrategia es el reajuste geopolítico: el restablecimiento inmediato de embajadores con Estados Unidos y el estrechamiento de lazos con Israel marcan el fin de dos décadas de diplomacia de izquierda. Sin embargo, en el tablero de la geopolítica contemporánea, las embajadas no viajan solas; abren la ruta a corporaciones transnacionales ávidas de recursos críticos para la transición energética y tecnológica global.

El interés de estos nuevos socios estratégicos apunta a las joyas de la corona del subsuelo boliviano: las reservas de litio del Salar de Uyuni (estimadas formalmente en 23 millones de toneladas) y los yacimientos latentes de tierras raras en el Escudo Precámbrico. Bolivia posee al menos siete variedades de tierras raras ligeras: lantano, cerio, praseodimio, neodimio, Prometeo, samario y europio, elementos esenciales para la transición energética global.

El Ejecutivo ejecuta esto mediante un agresivo paquete de contrarreformas enviado a la Asamblea Legislativa para modificar las leyes sectoriales de Hidrocarburos, Energía e Inversiones. El objetivo central es sustituir el control soberano del Estado por regímenes de flexibilización tributaria, proponiendo una reducción drástica en las regalías hidrocarburíferas y mineras —que actualmente promedian el 50% mediante el Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH) y patentes— hacia un piso de atracción de capitales de entre el 18% y el 25% para nuevos contratos de exploración. A nivel de seguridad y geopolítica, el acuerdo firmado con Estados Unidos contempla el restablecimiento de las líneas de financiamiento de la Oficina de Asuntos Antinarcóticos y Aplicación de la Ley (INL) y programas de intercambio de inteligencia militar para el control de fronteras, congelados desde 2008.

La Privatización Indirecta: El Agua y la Subordinación Tecnológica

Uno de los puntos de mayor sensibilidad para la psicología social boliviana es, sin duda, el manejo de sus recursos hídricos. Aunque en el debate político han circulado propuestas extremas de anulación total de los blindajes constitucionales del agua, la realidad operativa demuestra que el gobierno avanza en esa misma dirección por vías indirectas y administrativas.

·         Disolución institucional: La primera señal de alerta se dio con la disolución del Ministerio de Medio Ambiente y Agua independiente, cuyas funciones fueron absorbidas por la megacartera de Desarrollo Productivo. Esta fusión despoja al agua de su estatus constitucional como derecho humano fundamentalísimo para subordinarla a la lógica del rendimiento económico.

·         Preacuerdos con Israel: A esto se suman los preacuerdos de cooperación técnica firmados con Israel. El contenido central de estos memorándums de entendimiento establece dos ejes críticos:

o    Transferencia Tecnológica y Modelos de Gestión: Implementación de sistemas de tecnificación de riego por goteo y plantas de mitigación de sequías extremas, basados en el modelo de la compañía estatal israelí Mekorot.

o    Financiamiento bajo modalidad APP: La apertura a esquemas de Alianzas Público-Privadas (APP) donde empresas tecnológicas extranjeras asumen la gestión operativa de plantas de tratamiento a cambio de tarifas indexadas al valor del mercado de divisas.

Si bien se presentan como soluciones científicas neutrales, estos convenios actúan frecuentemente como la puerta de entrada para que empresas privadas transnacionales asuman la concesión y administración indirecta de las cuencas hídricas, abriendo el flanco a una privatización de facto que golpeará la economía de las comunidades agrarias y urbanas.

La Sombra del Narcotráfico: Seguridad Nacional en Entredicho

El viraje del gobierno no solo muestra grietas en el bolsillo del ciudadano o en la entrega de recursos naturales, sino también en el control efectivo de sus fronteras. En estos siete meses, la alarmante visibilidad del narcotráfico ha dejado al descubierto una gestión gubernamental frágil y desbordada en materia de seguridad interna. Con las Fuerzas Armadas y la Policía Boliviana concentradas casi exclusivamente en hacer cumplir el Estado de Excepción, resguardar las rutas principales y contener los permanentes bloqueos de carreteras, las mafias organizadas han encontrado un escenario idóneo de distracción institucional.

Este flagelo no solo golpea la estabilidad del país, sino que actúa como un arma de doble filo que incide directamente en la política interna. Mientras el Ejecutivo utiliza este preocupante repunte delictivo como el argumento central para justificar la necesidad de recibir asistencia de inteligencia y tecnología militar de los Estados Unidos, los movimientos sociales e indígenas lo interpretan con profunda desconfianza. Asimismo, los flujos monetarios de esta economía ilegal generan distorsiones en el mercado informal de divisas, neutralizando el impacto real de las reformas monetarias que intenta aplicar el Banco Central para frenar la escasez del dólar formal, el cual ha llegado a cotizarse en el mercado paralelo con una brecha cambiaria superior al 100% respecto a la tasa oficial de 6.96 Bs.

El Quiebre del Voto y el Impacto en el Bolsillo Popular

La brecha entre las promesas de la campaña electoral y el ejercicio del poder ha generado un profundo divorcio entre el presidente Paz y sus bases electorales. La aplicación del "gasolinazo" en diciembre de 2025, que eliminó de cuajo las subvenciones estatales a los combustibles (provocando un incremento inmediato del 120% en el precio de la gasolina y el diésel), sinceró las cuentas fiscales, pero desató un espiral inflacionario que hoy asfixia la canasta básica familiar. La inflación interanual se ha disparado a dos dígitos por primera vez en dos décadas, devorando el poder adquisitivo del boliviano de a pie.

Para agravar el panorama, la improvisación logística en la importación de carburantes derivó en la distribución de combustible desestabilizado, conocido popularmente como "gasolina basura". Informes técnicos independientes revelaron que este combustible presentaba un octanaje inferior a 85 octanos y contenía residuos de manganeso y gomas que superaban ocho veces el límite legal, debido a procesos deficientes de refinación en origen y almacenamiento prolongado. Este fenómeno técnico dañó los sistemas de inyección y motores de miles de vehículos del transporte público y urbano, transformando el malestar macroeconómico en una indignación cotidiana y palpable.

Aunque el gobierno intentó mitigar el golpe mediante el pago de compensaciones parciales y firmando acuerdos con la cúpula de la Central Obrera Boliviana (COB) comprometiéndose a no privatizar empresas mineras estratégicas como Huanuni y Colquiri, el pacto fue desconocido por las bases indígenas y agrarias, evidenciando que la dirigencia matriz ya no controla el tejido social fragmentado del país.

El Factor Tiempo y la Inminencia de un Nuevo Estallido

El gran talón de Aquiles del modelo económico que intenta implantar el gobierno de Rodrigo Paz es el factor tiempo. Las leyes de incentivo a la inversión extranjera y los contratos de exploración con multinacionales petroleras o mineras poseen tiempos de maduración extremadamente largos. Un proyecto de exploración hidrocarburífera o de explotación de tierras raras tarda entre 3 y 5 años en generar una producción real y traducir esa inversión en regalías tangibles para el Tesoro General de la Nación (TGN). Por el contrario, el hambre del pueblo, la devaluación informal de la moneda y la falta de dólares en las calles son urgencias del día a día. Las soluciones de mercado propuestas por el Ejecutivo son recetas de mediano plazo que chocan de frente con la necesidad de supervivencia inmediata de la población.

El actual Estado de Excepción decretado por el Ejecutivo ha logrado imponer una "paz armada" en las carreteras estratégicas de Bolivia a través del despliegue militar. Sin embargo, contener el conflicto social por la fuerza sin resolver las causas estructurales de la escasez y la inflación equivale a colocar una tapa hermética sobre una olla a presión. Sectores de las provincias del Altiplano y del Trópico de Cochabamba ya han anunciado su intención de romper el cerco militar y radicalizar las medidas de presión. Si el desabastecimiento persiste y la seguridad fronteriza continúa fracturada, el país no solo asistirá al resurgimiento de las movilizaciones, sino a una escalada de protestas de inédita intensidad donde ya no se marchará por demandas sectoriales, sino por la defensa de los recursos comunes de la patria.